España

El Gobierno de Extremadura destapa un presunto fraude millonario en cursos de formación

  • El caso, en el que se han podido desviar más de tres millones de euros, implica a la patronal, UGT, CCOO y Cepes. Los sindicatos desmienten la acusación.

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El Gobierno de Extremadura ha destapado un presunto fraude con cursos de formación de ocupados por parte de la patronal, UGT, CCOO y Cepes, que cifra en más de tres millones de euros, un hecho ilícito que estas entidades niegan y que la oposición ve con recelo por la proximidad de las elecciones. El supuesto fraude, que se circunscribe a cursos formativos a ocupados de la convocatoria de 2011, refleja sobrecostes de hasta un 800%, vinculaciones personales entre beneficiarios y contratistas, y cobros de hasta 820 euros por una hora de formación.

Las supuestas irregularidades han sido desveladas por la consejera de Empleo, María Ángeles Muñoz, quien ha explicado que, según un informe de una auditoría encargada por el Gobierno regional y que hace referencia al 10% de los cursos, los hechos investigados podrían constituir un delito contra la Hacienda Pública. De hecho, el Gobierno extremeño ha trasladado los datos recogidos a la Fiscalía Anticorrupción, que deberá abordar y analizar si los gastos facturados por las citadas entidades son superiores al coste real y si este último no se ajusta a las condiciones de mercado.

De la cuantía defraudada, estimada inicialmente en más de tres millones de euros, la mitad, unos 1,5 millones, correspondería supuestamente a la patronal extremeña Creex. Dado que la patronal en su conjunto recibió subvenciones por valor de 3,1 millones de euros, el presunto fraude podría llegar hasta al 50% por ciento de la subvención que manejaron entre la Confederación de Organizaciones Empresariales de Badajoz (Coeba) y las federaciones empresariales de Cáceres y Plasencia, todas ellas integrantes de la Creex.

A la espera de conocer la opinión de los empresarios, los sindicatos CCOO y UGT han negado haber cometido fraude, han anunciado que estudiarán posibles medidas legales contra la Consejería y han denunciado que la Junta les debe dinero. El secretario regional de CCOO, Julián Carretero, ha dicho que este sindicato no ha recibido ninguna notificación administrativa de la Junta sobre supuestas irregularidades y ha tildado la denuncia de "disparate" y "falacia". Tras afirmar que el presidente extremeño, José Antonio Monago, actúa "de mala fe" debido a la cercanía de los comicios autonómicos, Carretero ha aseverado que "está justificado absolutamente todo" en relación con el coste de los cursos y que no ha habido "sobrevaloración" en las facturas.

Según el informe, la cantidad presuntamente defraudada por CCOO podría ascender a más de 600.000 euros y una cifra similar por UGT. El secretario general de esta central, Francisco Capilla, ha dicho que "todo se hizo de forma correcta" y ha mostrado su sorpresa y su "gran preocupación, no ya por las acusaciones tan graves" sino por "la utilización torticera, pisoteando a quien sea necesario, para ganar un puñado de votos". Por su parte, la Confederación de Entidades para la Economía Social y Autónomos de Extremadura (Cepes) ha aseverado que ejecutó los programas de formación a ocupados "conforme a ley" y que las auditorías a las que fue sometida "no arrojaron dudas" sobre la legalidad de los cursos.

A nivel político, IU ha pedido que se aclaren las supuestas irregularidades, aunque ha mostrado su recelo respecto a que se haya hecho público a escasos meses de las elecciones autonómicas. En este sentido, el PSOE ha calificado de "bajeza moral" que el Gobierno regional se haya "guardado" esto para ir al fiscal, entre otros motivos, por la proximidad de los comicios y por el hecho de que el presidente de la patronal "se está debatiendo entre la vida y la muerte" por un problema grave de salud. Por contra, el PP de Extremadura ha asegurado que el secretario regional del PSOE y anterior presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, debe "salir a dar explicaciones sobre lo que ha ocurrido y permitido".

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