El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón rechaza, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, la puesta en libertad de los dos ex altos cargos de los gobiernos de CiU imputados en la presunta trama de corrupción urbanística Pretoria. Los abogados defensores de Macià Alavedra y Lluís Prenafeta hicieron esta petición dada la avanzada edad de ambos, más de 70 años, y el escaso riesgo de destrucción de pruebas.

El magistrado resolverá en los próximos días sobre otra petición de la defensa relativa al acercamiento de ambos a una prisión de Cataluña.

Estos ex altos cargos llevan en régimen de prisión provisional en la cárcel de Soto del Real (Madrid) desde el pasado 30 de octubre junto con el ex alcalde de Santa Coloma de Gramanet (Barcelona) Bartomeu Muñoz (PSC); el ex concejal de urbanismo de la localidad Manuel Dobarco, y el ex diputado socialista Luis Andrés García, imputados por el mismo caso.

Según el auto de Garzón, los dos ex altos cargos de CiU habrían recibido al menos 637.590 euros por su mediación en las operaciones Niesma y Badalona. Tanto Prenafeta como Alavedra aprovechaban sus contactos en organismo oficiales para favorecer las actividades de Luis Casamitjana y su empresa Espais, que procedía al lavado de dinero y les pagaba comisiones por sus servicios.