El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha atribuido la oposición del sector judicial a sus reformas a "intereses corporativos" que, según ha dicho, difieren entre sí en sus peticiones, aunque no en su estrategia. Dieciocho organizaciones de jueces, fiscales, abogados, funcionarios, ciudadanos y consumidores se han manifestado este martes contra las reformas del ministro.

Gallardón ha señalado que los jueces "quieren las tasas", mientras que los abogados, que las rechazan, están a favor de eliminar a los jueces sustitutos, al contrario que los togados. "No es verdad que todo el mundo esté en contra de mis reformas. Y no todos los que están en contra lo están por las mismas cosas, sino por cosas distintas. El Gobierno no piensa en cada uno de esos sectores, sino en el conjunto de la sociedad", ha declarado. Gallardón ha respondido a los distintos sectores que se oponen a sus medidas y las ha defendido, especialmente las tasas. Son necesarias, ha dicho, para disminuir el alto número de litigios que se dan en España. Además, ha negado que la reforma del Registro sea privatizadora, dado que registradores y notarios son funcionarios.

A las asociaciones de jueces y fiscales, que han declarado que no le consideran "interlocutor", les ha respondido que "a quien no quiera hablar conmigo, yo le digo que sí estoy dispuesto a hablar con él, mi puerta no está cerrada para nadie, el despacho del ministro está permanentemente abierto para ellos". En esta línea, a la amenaza de huelga de jueces y fiscales, ha respondido: "Al margen de que tengan o no ese derecho, lo importante es si eso es lo más adecuado y lo más responsable". "Les hemos quitado una paga extraordinaria y otros en esa situación han hecho huelga. Pero un juez, además funcionario, es titular de un poder del Estado y, por eso, más que derechos, tiene obligaciones", ha añadido.

El ministro se ha referido también a la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y, en este punto, ha negado que se le quite poder al órgano de gobierno de los jueces. "Si la politización por los partidos del CGPJ es mala, la politización por asociaciones judiciales es igualmente mala", ha advertido. "El 50% de la carrera judicial está asociada. Y el 76% de los magistrados nombrados para cargos de responsabilidad por el CGPJ pertenecen a ese 50% de asociados. ¿Es que todos los magistrados capacitados para llegar al Supremo o ser presidentes de audiencia estaban casualmente entre los asociados?", se ha preguntado, apuntando así contra el dominio del CGPJ por las asociaciones profesionales de jueces.

Gallardón ha vinculado la necesidad de las tasas con el excesivo número de litigios que se dan en España en comparación con nuestro entorno europeo, y a esta conflictividad ha asociado, a su vez, el mayor número de abogados que hay en nuestro país respecto a Francia u otros países de la UE. Tras referirse al colapso de la Justicia, ha defendido las tasas como "un mecanismo para que solo recurran esos que tienen posibilidades objetivas de vencer en una segunda instancia". "Quienes han pedido las tasas son los jueces", ha dicho también, citando un documento de la Asociación Profesional de la Magistratura, asociación que acepta las tasas pero que rechaza las fijadas por Gallardón, como las demás organizaciones, por considerar que al ser "desproporcionadas" vulneran la tutela judicial efectiva. El ministro, por su lado, las ha defendido porque "las queremos para la Justicia Gratuita".

En cuanto a la eliminación de los jueces sustitutos, cuyo trabajo deberá ser realizado por otros de carrera o por jueces en la escuela en la que hayan aprobado oposiciones, el ministro ha recordado que en lugar de ir a la docencia, como hace un 10% de la carrera, para completar su sueldo, podrán cubrir esas bajas. "¿Cómo no van a protestar jueces y fiscales si les hemos quitado la paga extraordinaria, si les hemos dejado de 18 días para asuntos propios en 12 días?", se ha preguntado antes de responder que no podía dejar a jueces y fiscales fuera del ejercicio de solidaridad que han hecho todos, incluido el Gobierno y el Parlamento. "Nuestras propuestas se enfrentan a intereses legítimos pero corporativos", ha subrayado.