El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha anunciado, en el pleno del Congreso, que el anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal incluirá que ningún cargo público podrá testificar por escrito cuando sea citado por el juez. Ruiz-Gallardón, que ha advertido de que la corrupción es "un cáncer que nos puede matar a todos", ha adquirido este compromiso con la portavoz de UPyD, Rosa Díez, que le ha reprochado la tardanza en poner en marcha algunas medidas de regeneración democrática. El ministro ha renovado también su promesas de suprimir la posibilidad de que las asambleas legislativas elijan a los jueces competentes para juzgarles y de prohibir que los acusados por corrupción puedan integrar listas electorales desde el momento en que se abre juicio oral. 

A este respecto, Rosa Díez le ha propuesto que, aunque todavía la ley no se haya tramitado, los partidos se apliquen ya esa prohibición, como mensaje de regeneración a la sociedad, a lo que Gallardón ha respondido que trasladaría a la dirección de su partido la voluntad del Gobierno de legislar al respecto y que suponía que "en coherencia" el PP la aplicaría. 

Durante el debate, el ministro ha defendido que hay "voluntad" en el Gobierno de plantar cara a la corrupción, pero ha hecho hincapié en que quiere hacerlo desde el acuerdo, porque cree que esa es no una batalla que tenga que ganar solo un gobierno, sino también "la oposición, el parlamento, la sociedad y la democracia entera". "El Gobierno quiere que esta sea la medalla de esta legislatura, que no solamente acabemos con cualquier conducta que pueda intoxicar nuestro sistema democrático, sino que sentemos unas bases solidas para que no se vuelvan a repetir", ha proclamado, tras recordar la negociación para alcanzar un gran acuerdo de regeneración democrática promovida desde el pasado día 19 por la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. 

Las investigaciones abiertas por corrupción pasan de 2 en 2009 a 36 en 2013 

Por su parte, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha insistido en el "compromiso" del Gobierno en la lucha contra la corrupción al señalar que el número de investigaciones abiertas ha pasado de 2 en 2009 a 36 en 2013. Fernández Díaz ha respondido así a una pregunta de la diputada socialista María Ángeles Álvarez, sobre si el Gobierno está facilitando la investigación en las tramas de corrupción que afectan al PP. 

En su respuesta, el titular de Interior ha subrayado el compromiso del Ejecutivo, la Policía y la Guardia Civil en la lucha contra la corrupción y ha enumerado una serie de datos que "ponen de manifiesto cómo se actúa desde la llegada del PP al Gobierno". En 2009, 2010 y 2011 -años del Ejecutivo socialista- se realizaron 2, 2 y 7 investigaciones respectivamente mientras que en 2012 y 2013 hubo 8 y 36, ha explicado. En relación con el número de detenidos por conductas vinculadas con la corrupción, se ha pasado de 10, 1 y 25 -en 2009, 2010 y 2011- a 115, 59 y en el presente año 12, ha agregado. Con todo, Fernández Díaz ha recordado que la corrupción "no está tipificado como delito en nuestro ordenamiento, sino algunas conductas" relacionadas con la corrupción, como el tráfico de influencias, la prevaricación o el cohecho. 

En su intervención, la parlamentaria del PSOE ha denunciado actuaciones del director general de la Policía, Ignacio Cosidó, "que evidencian que actúa como un comisario político que utiliza su cargo para controlar las investigaciones que vinculan las pesquisas de la trama Gürtel con el PP". Desde que llegó al cargo, ha añadido, tiene a la UDEF "en remodelación constante, con ceses que han coincidido con momentos cumbre" en la investigación del caso, además, de autorizar interrogatorios "inexplicables y sin abrir diligencias" a miembros de la unidad. "¿Qué indicios de delito tenía asuntos internos para interrogar a agentes de la UDEF?", le ha cuestionado Álvarez. 

El responsable de Interior ha reconocido la existencia de una investigación abierta por parte de asuntos internos, si bien los hechos investigados se "remontan a actuaciones de 2010". "Pregunte a su Gobierno", le ha contestado. El motivo de la investigación es una información que "extrañamente le llegó a una agencia de detectives, donde uno de sus clientes estaba especialmente interesado en esas investigaciones", ha precisado, en alusión a la agencia Método 3, que grabó en julio de ese año una conversación entre la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, y una ex novia de Jordi Pujol Ferrusola, hijo del ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol. "No se ha interrogado a la UDEF, sino a algunos policías para aclarar como llegó esa información a esa agencia y ese cliente, que no tenía nada que ver con el PP", ha agregado.