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La Fiscalía pide diez años de inhabilitación para Mas por el 9-N

  • Solicita nueve años de inhabilitación para las consejeras Irene Rigau y Joana Ortega, acusadas también de delitos de desobediencia grave y prevaricación. Mas denuncia un "aquelarre judicial" pero ve un "honor" ser procesado por 9-N.

La Fiscalía pide diez años de inhabilitación para el ex presidente de la Generalitat Artur Mas y otros nueve para cada una de las ex consejeras Irene Rigau y Joana Ortega, por mantener la consulta soberanista del 9-N, pese a haber sido suspendida por el Tribunal Constitucional (TC).

En su escrito de calificación, presentado hoy ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), los fiscales Francisco Bañeres y Emilio Sánchez Ulled acusan a los tres encausados de los delitos de desobediencia grave y de prevaricación, en el caso de Mas como autor, y en el de las ex consejeras de Gobernación y Enseñanza como cooperadoras necesarias. En principio, el ministerio público pide penas de diez y nueve años de inhabilitación para los encausados para ejercer cargos públicos electivos, de ámbito local, autonómico o estatal, por ambos delitos de desobediencia y prevaricación en concurso. Para el caso de que el TSJC decida condenar a los procesados por esos dos delitos por separado, la Fiscalía propone como alternativa una pena de nueve años y medio de inhabilitación y multa de 36.000 euros para Mas y, para Ortega y Rigau, multa de 30.000 euros y ocho años de inhabilitación.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), tras la instrucción del caso, ciñó los hechos imputables a Mas, Ortega y Rigau a los delitos de prevaricación y desobediencia, que no llevan aparejadas penas de prisión, y descartó el de malversación, que inicialmente planteaba la Fiscalía en su querella y que sí está castigado con cárcel. En su escrito de acusación, los fiscales sostienen que los encausados articularon "una estrategia de desafío completo y efectivo" a la suspensión de la consulta del 9-N acordada por el TC, siendo "plenamente conscientes de que con ello quebrantaban el obligado acatamiento" de las órdenes del Constitucional. En opinión del ministerio público, Mas, "amparado simplemente en su voluntad, que convirtió irrazonablemente en aparente fuente de normatividad", se puso de acuerdo con las otras dos acusadas para "disponer efectivamente, o dejar de truncar, la continuación de todas las actuaciones públicas de preparación del 9-N" que ya estaban en marcha.

La Fiscalía sostiene que Mas no solo no suspendió "oficialmente" la convocatoria del 9-N tras la decisión del TC, sino que decidió, junto a las ex consejeras, "generar la apariencia de que las actuaciones administrativas públicas se paralizaban y el proceso quedaba exclusivamente en manos de ciudadanos voluntarios, cuando en realidad no era así". De esa forma, según el ministerio público, "lejos de ser interrumpida", la utilización de instrumentos y procedimientos públicos para el 9-N "continuó, si bien se mantuvo convenientemente en segundo plano, de forma que, de cara al exterior, la apariencia fuera efectivamente la de un proceso exclusivamente gestionado por ciudadanos voluntarios". A ello contribuyó, según la Fiscalía, el hecho de que los principales trabajos organizativos y logísticos del 9-N "fueran principalmente encomendados a contratistas privados, y ello en un clima de opacidad escasamente compatible con el ejercicio responsable de las potestades públicas". De hecho, los fiscales apuntan que, ya al convocar la consulta, los acusados recurrieron a "actos jurídicos no formalizados, incluso meramente materiales", con lo que en su opinión "eran conscientes desde un principio de la posible impugnación de la misma por parte del Gobierno de la Nación y de la consecuente interdicción jurisdiccional, y actuaron dispuestos en todo momento a eludir el control jurisdiccional".

Concretamente, la Fiscalía acusa a Mas de haber "desatendido el mandato" del TC e incumplir su obligación de dejar si efecto la convocatoria y a Ortega de seguir ejerciendo el "control público y la coordinación" de las actuaciones de preparación de la jornada de votación, tras la suspensión. En el caso de Rigau, el ministerio público cree que actuó "de forma coordinada con los anteriores", garantizando que los directores de instituto, "con mayor o menor convencimiento individual", siguieran prestando el apoyo necesario para que los centros educativos acogieran las urnas.

La Fiscalía mantiene que, pese a que la resolución del TC llegó a la Generalitat por correo ordinario el 6 de noviembre -tres días antes de la consulta-, Artur Mas la conoció por un correo electrónico que el presidente del Tribunal Constitucional le remitió personalmente el día 4, el día en que se suspendió. Ese mismo día, razonan los fiscales, el propio gobierno catalán ordenó presentar recurso de súplica contra la providencia del TC, cuya sola lectura no dejaba "margen de duda en cuanto al contenido de la suspensión acordada: toda actuación pública, estuviera o no formalizada jurídicamente, que contribuyera a impulsar la convocatoria señalada para el día 9 de noviembre siguiente".

Mas denuncia un "aquelarre judicial" pero ve un "honor" ser procesado por 9-N

El expresidente catalán Artur Mas ha acusado al Gobierno de haber "presionado" a los fiscales en una "cadena de despropósitos" para convertir la "fiesta democrática" del 9N en un "gran aquelarre judicial", pero ha dicho que es un "honor" ser procesado por "poner la cara" para la consulta. Mas ha comparecido en rueda de prensa junto con las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau para comentar la calificación de la Fiscalía, que pide diez años de inhabilitación para el expresidente y otros nueve para cada una de las exconselleras por mantener la consulta soberanista del 9N pese a ser suspendida por el Tribunal Constitucional (TC). El ex presidente ha criticado que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, diga hoy "quién ha cumplido y quién no la ley", sin tener en cuenta, a su juicio, la separación de poderes. "Esto lo podría haber dicho un ministro de Franco", ha remachado.

"Parece ficción pero no lo es, en el Estado español del siglo XXI pasa", ha añadido Mas, que ha denunciado que "esto de la democracia y de la separación de poderes les produce auténtica urticaria". El presidente del PDECat -antiguamente CDC- ha aseverado que es un "honor" ser juzgado junto con Ortega y Rigau si es por "haber escuchado a la gente, por haber traducido en hechos políticos lo que la gente ha pedido en la calle de forma civilizada y en las urnas contundentemente" y por haber permitido a los ciudadanos "expresar su opinión y decidir su futuro".

"Ser juzgado por esto es un honor", ha remachado Mas, que ha avanzado que, si se encontrara en la mismas circunstancias, volvería a obrar de la misma manera, pues -ha subrayado- "en ningún momento cometimos un delito". Para Mas, es el Gobierno del PP quien, al "presionar" a los fiscales, convirtió la "fiesta democrática" del 9 de noviembre de 2014 en el "gran aquelarre judicial" que es hoy en día, ha dicho.

Ha dicho estar "tranquilo" porque tiene "mil argumentos" para la defensa -"No somos delincuentes, somos demócratas", ha recalcado- y además confía que la "justicia hará honor a su nombre" durante el proceso judicial. Todo ello pese a que hay "pruebas muy evidentes de que en algunos ministerios se presume de afinar posiciones de los fiscales", ha denunciado.

Preguntado por si acataría una sentencia condenatoria, Mas ha respondido que "te guste o no, una sentencia es una sentencia", aunque "otra cosa es si la aceptas anímicamente o políticamente". El líder del PDC ha asegurado que si le condenan defenderá "donde sea" el proceso participativo del 9N. "No pararé porque es una auténtica salvajada lo que están haciendo", ha añadido.

En este sentido, ante los "tics predemocráticos" del Estado, Mas ha avisado: "No nos quedaremos quietos y no nos tumbarán". Por ello, ha llamado a los soberanistas a aplicar "altas dosis de coraje real", que no pasan por "discursos inflamados y tuits ocurrentes" sino por "transformar en decisiones políticas lo que la gente pide en las urnas de forma civilizada y pacífica". También ha pedido a los demócratas no independentistas que "luchen" por una democracia "de calidad". Ortega, por su parte, ha defendido la actuación de los tres procesados -"Lo volveríamos a hacer", ha dicho- y Rigau ha denunciado que la "democracia está enferma" si le dicen que no es "digna" como servidora pública por haber trabajado en el 9-N.

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