La Fiscalía ha decidido finalmente solicitar al juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska la imputación de cinco altos cargos militares de la era de Federico Trillo como ministro de Defensa por el caso de la contratación del Yakolev 42, cuyas deficiencias provocaron que el avión se estrellara y murieran 62 militares que regresaban de Afganistán en mayo de 2003.

Aunque en un principio el Ministerio Público solicitó el archivo de la causa al considerar que no existían indicios de delito, tras la reapertura del caso ha cambiado de postura y ahora considera que los altos mandos incumplieron los deberes "mínimamente exigibles" de vigilancia, control e inspección de los vuelos en los que eran transportadas las tropas españolas.

Por eso, ahora solicita la imputación por el delito de homicidio por imprudencia grave de los 62 militares del ex jefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad) Antonio Moreno Barberá; del jefe del Estado Mayor Conjunto (Jemacon), Juan Luis Ibarreta; del ex jefe de la División de Operación del Emacon José Antonio Martínez Sainz-Rozas; del ex coronel jefe de la Sección Logística de la División de Operaciones del Emacon Joaquín Yáñez y del ex comandante de la Sección Logística de la División de Operaciones del Emacon Alfonso Elías.

El teniente fiscal, Fernando Burgos, considera que la cúpula militar descuidó sus funciones y permitió que el Yakolev volara a pesar de conocer las "enormes deficiencias e irregularidades" de los vuelos de esa clase que se ejecutaron en los meses anteriores. Entiende que si los altos cargos hubieran cumplido adecuadamente sus deberes se podría haber evitado el accidente.

El fiscal entiende que los altos cargos deberían haber atendido a las múltiples quejas presentadas antes del accidente por parte de otros contingentes militares en relación con vuelos gestionados por compañías aéreas similares que se realizaban con aviones de fabricación rusa, en incluso del propio avión siniestrado. Algunas de las quejas, cursadas por los conductos reglamentarios a los responsables del Ministerio de Defensa, son muy significativas ya que denuncian "graves problemas de seguridad".

Familiares de algunos de los militares fallecidos en el siniestro aéreo también relaman la imputación del ex ministro Trillo por homicidio.