La Fiscalía Anticorrupción ha decidido solicitar al Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJCV) que impute al ex presidente de esta comunidad Francisco Camps y a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, por apreciar indicios de delito en la contratación del Instituto Nóos para organizar los eventos Valencia Summit. El Ministerio público presentará a lo largo del día de este lunes un escrito de alegaciones a la exposición razonada que realizó el juez de Palma que instruye el caso Nóos, José Castro, el pasado mayo, en el que proponía al TSJCV que asuma la instrucción en lo que se refería a los hechos de Valencia. El escrito de la Fiscalía se mantiene en los términos de la exposición razonada del juez, han informado fuentes jurídicas.

Castro remitió el pasado 31 de mayo una exposición razonada de 70 páginas al TSJCV para proponer que este tribunal asuma la competencia de la instrucción del caso Nóos en lo que se refiere a los hechos de Valencia y a Camps y Barberá, por ser ambos aforados. El juez dijo apreciar indicios racionales de la posible participación del ex presidente y la alcaldesa en delitos de falsedad documental, prevaricación, malversación de fondos públicos y fraude a la Administración. Según el juez, las contrataciones al Instituto Nóos por parte de administraciones públicas fueron actos "estrictamente voluntaristas" porque no obedecían a procurar el interés general sino "sólo al deseo de doblegarse a las exigencias de Iñaki Urdangarín en atención a su parentesco con la Casa de S.M. el Rey", con adjudicaciones a dedo. Añadía el juez que Camps y Barberá asentían verbalmente "a cuanto se les ofrecía". El juez señalaba además que de la investigación del caso Nóos se desprenden "indicios racionales de que en la ciudad de Valencia habían tenido lugar una serie de hechos de apariencia delictiva" en los que Camps y Barberá han podido tener "decisiva e imputable intervención".

En esta causa se investiga el presunto desvío de fondos públicos al Instituto Nóos, presidido por Urdangarín y su ex socio Diego Torres, al que las administraciones valencianas aportaron 3,5 millones para organizar las tres cumbres Valencia Summit de 2004, 2005 y 2006 y para elaborar los proyectos de los Juegos Europeos y los de la Juventud, que no llegaron a celebrarse. En la exposición razonada, Castro aseguraba que el primero de los tres convenios entre la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau (Ftvcb), Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa) y el Instituto Nóos para celebrar el Valencia Summit se llevó a cabo "en atención" a que el presidente de esta última entidad era yerno del Rey. La semana pasada, el Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Valencia, que ejerce la acusación en esta causa, ya pidió al TSJV que investigue la parte de la causa del caso Nóos referida a los convenios del Valencia Summit e impute por cinco delitos a Barberá y Camps.

Por otra parte, el juez José Castro ha notificado este lunes a las partes dos informes de la Agencia Tributaria, una comunicación del Ministerio de Justicia en relación con la última comisión rogatoria enviada al Gran Ducado de Luxemburgo y un exhorto cumplimentado que fue enviado al Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona. Lo que había pedido el juez a este Juzgado era que certifique "qué procedimiento se sigue o se ha seguido" en ese órgano respecto a la empresa Aizoon.

Especificó que el sello de ese Juzgado barcelonés aparece en un documento relacionado con el traspaso a la sociedad de los duques de Palma de Mallorca de unas acciones de la empresa Mixta Africa. Un representante de Mixta África explicó ante el juez instructor del caso Nóos el pasado mes de marzo que la empresa pagó durante cerca de dos años alrededor de 6.000 euros mensuales a Urdangarín, a través de Aizoon, por unas funciones de asesoramiento cuya utilidad defendió.

Por otra parte, el juez ha notificado también un informe de la Agencia Tributaria sobre la pieza principal del caso Palma Arena, que investiga el sobrecoste y supuesto desvío de fondos en la construcción del velódromo palmesano. La construcción del velódromo Palma Arena tuvo un coste superior a 90,6 millones de euros, casi el doble de los 48 millones presupuestados.