El titular del juzgado de instrucción número 3, José Castro, encargado del caso Palma Arena, ha decretado una fianza de responsabilidad civil de 1,6 millones de euros para el ex presidente del Gobierno balear, Jaume Matas, tal y como ha solicitado la Fiscalía anticorrupción por posibles perjuicios económicos derivados de la contratación presuntamente irregular del arquitecto Santiago Calatrava por 1,2 millones de euros para la elaboración del anteproyecto de la ópera de Palma.

En un extenso auto, el magistrado pide que se certifique que el ex consejero de Educación del PP, Francesc Fiol, es diputado en el Parlamento, para que una vez confirmado su aforamiento, el juez pueda elevar una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) a fin de que éste pueda asumir la pieza del caso relativa a la contratación de Calatrava, según han informado fuentes jurídicas a Europa Press.

Asimismo, Castro ha decretado en su resolución el sobreseimiento de la pieza respecto al jefe de servicios de arquitectura del Instituto Balear de Infraestructuras y Servicios Educativos y Culturales (Ibisec), Aleix Reinés, asistido por Gabriel Lladó, y la arquitecta de esta empresa Pilar Mesquida, defendida por Carlos Barceló. Ambos se encontraban imputados en este fleco, uno de los 25 en que se divide esta compleja causa.

El fiscal Anticorrupción Pedro Horrach y la Abogacía de la Comunidad Autónoma, en calidad de acusación particular, pidieron la fianza civil resultante de sumar los 1,2 millones de euros por los que fue contratado Calatrava más un tercio que marca la Ley, mediante un escrito en el que las acusaciones apuntan a que Matas, durante la tramitación del expediente de contratación, habría incurrido en delitos de malversación de caudales públicos, fraude y prevaricación.

Frente a ello, en un escrito de alegaciones, la defensa de Matas, ejercida por los letrados Rafael y Salvador Perera, negó que su patrocinado hubiera cometido delito alguno en la adjudicación del anteproyecto y tachó de "infundios" las acusaciones de la Fiscalía y de la letrada de la Comunidad Autónoma. Además estimaba la petición "no ajustada a hechos ni a derecho", dado que "se apoya en indicios incriminatorios, que no son tales, sino sólo sospechas o conjeturas que en modo alguno pueden legitimar un procedimiento penal" contra él.

Mientras tanto, el propio ex jefe del Ejecutivo autonómico, durante la declaración que prestó ante el juez el pasado día 22 en calidad de imputado, Jaume Matas, asumió su responsabilidad sobre la elección del arquitecto valenciano para que realizase el anteproyecto y defendió la legalidad de su contratación, que se efectuó de forma directa y sin concurso pese a lo elevado de la cantidad que se le abonó.

En su comparecencia, el principal encausado del caso defendió así que su decisión fue "política" y "plenamente legítima", que después fue elevada al Consell de Govern, y justificó la selección y contratación sin ningún concurso previo por ser una persona "muy cualificada técnica y artísticamente". En este sentido, incidió en varias ocasiones en que la pretensión del Ejecutivo autonómico era contar únicamente con los servicios del prestigioso arquitecto e ingeniero.

En relación con el ingeniero, las acusaciones han considerado probado que el trabajo que le fue encargado fue realizado, lo que Calatrava justificó durante su comparecencia como encausado con numerosa documentación como bocetos y planos que debían servir para el anteproyecto. Consideran así que las irregularidades se habrían cometido en la tramitación del expediente a través del Ibisec, por lo que no solicitaron medida cautelar alguna contra él como tampoco ninguna fianza.

El anteproyecto de la ópera de Palma no se llegó a ejecutar debido a una prohibición por parte de la Junta Electoral en 2007, puesto que se pretendía presentar poco antes de las elecciones autonómicas y municipales de ese año.

Fianza penal de tres millones de euros

Contra Matas ya pesa una fianza penal de tres millones de euros para evitar su ingreso en prisión, en el marco del caso Palma Arena, que investiga un presunto desvío de más de cincuenta millones de euros durante la construcción de este velódromo durante la pasada legislatura. También se indaga su supuesta conexión con el tren de vida llevado por Matas mientras era presidente y una financiación presuntamente irregular del PP.

Antes de que le fuera impuesta esta caución, Matas declaró a lo largo de tres días el pasado año dentro de esta causa, en el marco de la cual pesan sobre él los presuntos delitos de malversación de caudales públicos -hasta en siete ocasiones-, falsedad documental, prevaricación administrativa, fraude a la administración, blanqueo de capitales, un delito electoral y otro contra la Hacienda pública, castigados con hasta 68 años de prisión pese a que la pena máxima que cumpliría el ex presidente sería de 24, a tenor de las graduaciones de condena establecidas en el Código Penal.