El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha defendido que la futura ley de seguridad privada proporcionará "cobertura legal" a situaciones hasta ahora reales que estaban fueran de la ley, como la actuación de vigilantes privados en urbanizaciones o zonas comerciales peatonales. Fernández Díaz se ha referido así en un desayuno informativo a la futura Ley de Seguridad Privada, aprobada esta semana en el Congreso y que será remitida al Senado, y que ha suscitado polémica en torno a la actuación de los vigilantes privados en espacios públicos.

Fernández Díaz ha dejado claro que la futura norma, apoyada por CiU y PNV, no difiere sustancialmente de la vigente de 1992, y ha tranquilizado a quienes creen que se pretende privatizar la seguridad pública y sustituir a policías y guardias civiles en las calles por vigilantes privados. Y ha subrayado que la nueva ley dará cobertura de legalidad a lo que ya era una realidad "consolidada y asumida con toda normalidad", como es la presencia de vigilantes privados en urbanizaciones y zonas peatonales.

Respecto a la posibilidad de que estos trabajadores de empresas privadas puedan practicar detenciones cuando constaten que se está cometiendo un delito, el ministro ha recordado que cualquier ciudadano tiene la obligación de arrestar a un delincuente si está perpetrando su acción y ponerlo a disposición de las fuerzas de seguridad. En cualquier caso, Fernández Díaz ha querido dejar claro que la seguridad privada está y estará subordinada a la pública, es complementaria de ésta y tiene su propio ámbito de actuación, como ocurre en los países de nuestro entorno. Ha recordado además que España cuenta con una ratio baja de vigilantes privados por cada 100.000 habitantes en comparación con otros países de Europa, mientras que este índice es más alto en las fuerzas de seguridad.

Frente a los que puedan considerar que en el Ministerio del Interior se han "vuelto locos", Fernández Díaz ha aseverado que en esta ley le acompañan el sector, las fuerzas de seguridad del Estado y CiU y PNV, que gobiernan dos comunidades con policías autonómicas propias.