España

Fabra se sienta en el banquillo tras diez años de instrucción

  • El fiscal pide 13 años de prisión por favorecer a un empresario y fraude fiscal para el ex presidente de la Diputación y del PP de Castellón, que hoy tiene la palabra

Diez años se había hecho de rogar, su celebración parecía inalcanzable, pero el juicio al ex presidente de la Diputación de Castellón y del PP en esta provincia, Carlos Fabra, por tráfico de influencias, cohecho y fraude fiscal comenzó ayer en la Audiencia Provincial tras la sinuosa instrucción durante dos lustros.

El fiscal pide 13 años de prisión para Fabra y una multa de 1,9 millones de euros y una indemnización a Hacienda de 693.074 euros.

El ex presidente provincial del PP y de la Diputación de Castellón, todo un símbolo de la corrupción, se sentó en el banquillo de los acusados junto a su ex esposa, María de los Desamparados Fernández, acusada de fraude fiscal por el que la acusación particular y la Fiscalía Anticorrupción reclaman seis años de prisión, una multa de 860.000 euros y una indemnización de 428.644 euros.

En la misma fila de asientos se situaron los otros tres imputados: Vicente Vilar, el empresario que denunció a Fabra, su ex esposa Montserrat Vives, a los que Anticorrupción acusa de un delito de cohecho y les pide 4 años de prisión y una multa de 600.000 euros para cada uno, y el ex senador del PP Miguel Prim, que se presentó en pantalón corto.

La primera jornada del juicio se desarrolló sin declaraciones de los imputados y con la decisión de la Audiencia de mantener a la Unión de Consumidores (UCE) como acusación particular rechazando la petición de las defensas de excluirla.

El fiscal acusa a Fabra de mediar para conseguir agilizar la tramitación y obtención de autorizaciones de productos fitosanitarios para la empresa Naranjax dirigida por Vicente Vilar entre los años 1999 y 2002, mientras que la defensa del ex dirigente popular niega las acusaciones y asegura que Fabra sólo tenía interés por lo que afectara a la provincia de Castellón, "cualquiera que fuera su naturaleza".

El tribunal aceptó incluir como prueba la grabación del juicio celebrado el pasado mes de mayo en el juzgado de Nules (Castellón), en el que Vicente Vilar fue condenado a un año y cinco meses de prisión, por falsificar documentación para obtener los permisos para comercializar los productos fitosanitarios.

La sesión se levantó a primeras horas de la tarde tras el análisis de las consideraciones previas y para que se facilite a las partes una copia de la memoria USB que contiene la grabación del juicio de Vilar, y se reanudará hoy con la declaración de Fabra.

La primera sesión de este juicio, que congregó a un gran número de medios de comunicación, estuvo centrada en la lectura de los escritos de las partes, que se prolongó durante dos horas, y en las consideraciones previas que se plantearon.

El empresario Vicente Vilar permaneció esposado en el banquillo, ya que acudió custodiado desde la prisión donde cumple condena tras haber sido denunciado por su ex mujer por violación.

La defensa de Vilar rechazó las las acusaciones. Según su abogado, el empresario "no cometió delito alguno" y "aceptó la intervención de Fabra ante varios ministerios para interesarse por los expedientes que se tramitaban para conseguir licencias de productos fitosanitarios de su empresa". "No puede ser considerado autor de ningún delito, por lo que procede su absolución", según el escrito.

El letrado de Miguel Prim destaca en sus conclusiones que los hechos imputados a su defendido no son ciertos, por lo que pide su absolución, como el resto de acusados.

La defensa de Carlos Fabra también pidió ayer la consideración de la prescripción de los delitos fiscales, cometidos presuntamente por él y su ex esposa.

Además, solicitó que los técnicos inspectores de Hacienda que elaboraron los informes para documentar el caso sobre la información fiscal de los acusados no puedan actuar como peritos, al estimar que su imparcialidad "está contaminada" por tener la doble condición de "perito y denunciante".

El líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, criticó por su parte que se prolonguen los "tiempos" de casos judiciales como el caso Fabra, el Gürtel o el de los ERE de Andalucía y defendió que "hay que cambiar los trámites, recortando los plazos", porque "un político tiene que ser juzgado rápido". En una entrevista en Radio Nacional, abogó por impedir que la instrucción de los sumarios de casos de corrupción "se prolonguen y prolonguen y prolonguen, porque la impresión de los ciudadanos es que los políticos se escabullen". "Hay que juzgar rápido", insistió el líder socialista, tras subrayar que Fabra ayer se sentaba en el banquillo, "diez años después".

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