ETA ya no pondrá obstáculos a los militantes sin causas pendientes o con sus delitos prescritos que de manera voluntaria decidan abandonar sus escondites en distintas partes del mundo para regresar a Francia o España. La banda terrorista estudia usarlos como medida de presión contra el Gobierno y forzar una negociación sobre lo que los terroristas  denominan "consecuencias del conflicto" tal y como se recogía en la Declaración de Aiete, informan fuentes de la lucha antiterrorista.

El denominado Colectivo de exiliados y refugiados es junto a los presos y el desarme los tres frentes que mantiene ETA como elementos de presión y por ello, según las mismas fuentes consultadas, ETA se plantea incluso llevar a cabo una escenificación mediante un acto -que previsiblemente tendría lugar en el Sur de Francia- en el que se dé voz a estos huidos.

Tradicionalmente ETA prohibía el regreso a sus militantes fugados y respondía a la solicitudes de retorno con la apertura de expedientes -los llamados EH- en los que la dirección etarra estudiaba cada caso y otorgaba permisos con cuentagotas. Ahora se ha abandonado esa política y se ha dado carta blanca para volver, una opción a la que se está acogiendo un número importante de etarras, según le consta a las fuerzas de seguridad.

La intención de los que vuelven no es necesariamente reintegrarse en las estructuras clandestinas de la banda. Algunos lo hacen con su pasaporte en regla por lo que hay casos de terroristas que han regresado incluso al País Vasco, advierten estas fuentes. Otros permanecen en Francia. El Gobierno tiene constancia del regreso de etarras sin causas pendientes con la Justicia porque son los propios huidos los que acuden a los consulados y embajadas de España a solicitar pasaportes para regresar, conscientes de que no tienen cuentas pendientes con la Justicia.

Bárcena Argüelles y Pérez Lecue

Uno de los casos recientes más significativos de esta situación es la de los tres etarras que protagonizaron el verano de 2011 una rocambolesca huida de Cuba -país que consideraban una "cárcel"- a bordo de un velero. Su objetivo era alcanzar las costas de Venezuela, pero las autoridades de ese país les interceptaron en una isla cercana y les deportaron de nuevo a La Habana.

De nuevo en Cuba, dos de esos tres etarras, Elena Bárcena Argüelles y Javier Pérez Lecue, acudieron a la embajada española en la isla para regularizar su situación y solicitar formalmente sus pasaportes para volver tras permanecer años fugados. Ninguno de los dos tenía ya causas pendientes con la Justicia y se cree que tras cruzar el océano se instalaron cerca de Hendaya. 

El tercero de ellos era José Echarte Urbieta, pero él sí está reclamado por la Audiencia Nacional en el marco de la investigación abierta sobre las relaciones entre ETA y la FARC en territorio venezolano. Las fuerzas de seguridad aún le sitúan en Cuba. Las fuentes consultadas sospechan que etarras en el extranjero podrían tener algún tipo de asesoría sobre su situación legal en relación con los tribunales franceses y españoles para saber a qué se enfrentarían en caso de volver.

Fuentes del Ministerio del Interior confirmaron el pasado mes de agosto que el Departamento que dirige Jorge Fernández Díaz estudiaba la puesta en marcha de un plan que facilitase el retorno a estos etarras fugados. Añadían además la participación en el proyecto de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, la cual estudiaba la viabilidad para poder llevarlos a cabo. 

Desde Interior se estimaba en torno a 300 el número de etarras huidos a los que podría afectar la iniciativa, sin embargo, las fuentes consultadas precisan que esa es una cifra elaborada a finales de la década de los 90 y que el número actual de etarras escondidos por el mundo podría haber variado.

No facilitar, sino "controlar"

Un mes después de reconocer este plan, el ministro negó que su Departamento haya "aprobado o elaborado" ningún proyecto que contemple facilitar el retorno de terroristas huidos. Así se lo dijo el ministro a la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Ángeles Pedraza, en primera reunión tras la polémica en torno al caso Bolinaga. Una semana después precisó que su Ministerio lleva "meses trabajando" en lo que ha calificado como unos "estudios" sobre etarras huidos en el extranjero, pero matizó que no tienen por objeto facilitar el retorno de terroristas, sino "controlar" su posible llegada a España.

Ya a finales del año pasado, las autoridades francesas también detectaron la llegada a su territorio de un grupo de al menos diez etarras que habían han dado el paso de abandonar Sudamérica y emprender el camino de vuelta. según sus primeros análisis, su intención era poner fin a su etapa americana e instalarse en Francia, más cerca de sus lugares de origen. Las fuentes consultadas entonces, no veían factible que estas llegadas tuviesen por objeto integrar alguna estructura de la banda, si bien, no descartaban que algunos de los llegados hubiesen podido asesorar a la cúpula de la organización. Durante la tregua de 1998, el Ministerio del Interior del Gobierno de José María Aznar estableció un número de teléfono para que los etarras sin cuentas pendientes con la Justicia en el extranjero pudiesen llamar e informarse de sus posibilidades de regresar a España, si bien este contacto no tuvo excesivo éxito.

En una entrevista concedida al diario Gara el pasado 11 de noviembre, los terroristas se referían así a la cuestión de "los exiliados": "hay situaciones diferentes, sí, y la salida a algunas de ellas no debería retrasarse mucho. El propio Colectivo de Exiliados ya ha tomado la iniciativa con anterioridad, a modo de iniciativa política. Por lo demás, también en este caso sirve lo manifestado respecto a los presos políticos. Todos los exiliados vascos deben estar en casa".