Caso pretoria

Dimite el gerente de suelo de la Generalitat imputado por Garzón

  • Además de a Emili Mas, el juez ha citado a declarar como imputados a 11 personas más.

El gerente del Instituto Catalán del Suelo (Incasòl), Emili Mas Margarit, es uno de los once nuevos imputados por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en el caso Pretoria de corrupción urbanística, lo que le ha llevado este miercoles mismo a dejar el cargo, decisión aceptada por la Generalitat.

En un comunicado remitido por el Incasòl se indica que ante la citación de Mas como imputado, como recoge el auto de la Audiencia Nacional dado a conocer, los consellers de Política Territorial y Obras Públicas, Joaquim Nadal, y el de Medio Ambiente y Vivienda, Francesc Baltasar, han aceptado la renuncia voluntaria del cargo de gerente.

En el mismo comunicado, se señala que Mas había puesto su cargo a disposición "con tal de preservar el buen nombre del instituto y facilitar la instrucción del sumario, hasta que se aclaren las responsabilidades que puedan derivarse"

12 nuevos imputados

Garzón ha imputado este miércoles a doce nuevas personas en la llamada operación Pretoria. El magistrado ha dejado además en libertad bajo fianza de 200.000 euros al ex concejal de Urbanismo en Santa Coloma de Gramenet Manuel Dobarco, que estaba en prisión incondicional junto a otros cuatro imputados, entre ellos, los ex altos cargos de la Generalitat en la etapa de CiU Macià Alavedra y Lluis Prenafeta.

Las fuentes consultadas han señalado que de los doce nuevos imputados, a los que Garzón interrogará mañana y el viernes, uno está fuera de España y por ello el juez ha cursado una comisión rogatoria para interrogarlo, sin precisar a qué país.

Así, el total de imputados asciende a 21, ya que hasta ahora en la causa figuraban nueve, cuatro de los cuales están en prisión incondicional: Alavedra, Prenafeta, el ex alcalde de Santa Coloma Bartomeu Muñoz y el ex diputado autonómico del PSC y presunto cerebro de la trama Luis García.

Además de Dobarco, permanecen en libertad bajo fianza los empresarios Lluis Casamitjana, Josep Singla y Manuel Carrillo y el gerente de los servicios municipales de Santa Coloma, Pasqual Vela.

En el auto en el que el pasado 30 de octubre Garzón ordenó el ingreso en prisión de cinco y la libertad bajo fianza de los otros cuatro, el magistrado citaba a varias personas a las que atribuía conductas supuestamente ilícitas, pero sobre las que en ese momento no pesaba acusación alguna.

Advertía también de que, además de las operaciones urbanísticas presuntamente fraudulentas de Santa Coloma, Badalona y San Andrés de Llavaneras, había otras "que también están siendo investigadas".

Otro de los políticos mencionados es el ex concejal de CiU en Mataró y ex coordinador del Plan Metropolitano de Barcelona Genís Carbó Boadell, ya que una de sus sociedades -GCB Assessorament Urbanístic i Projectes- recibió 244.000 euros en la operación Niesma.

También ocupó un cargo municipal Antonio Jiménez Gómez, ex concejal socialista en San Andrés, de quien el juez dice que "tiene estrecha relación" con García y recuerda que fue regidor de Urbanismo cuando se desarrolló la operación Niesma.

Garzón señalaba también al técnico de urbanismo de Santa Coloma Lluis Falcó como la persona que comunicó a los adjudicatarios del proyecto "Pallaresa" la "inviabilidad" de desarrollar dicha operación en ese momento.

Fuentes de la investigación han relacionado con la causa a una persona cuyo nombre no aparece en el auto: el ex alcalde de San Andrés de Llavaneras Víctor Ros, del PP, contra quien se han presentado varias denuncias por temas urbanísticos.

Además fuentes jurídicas han indicado que entre los nuevos imputados podrían estar las esposas de Prenafeta y Alavedra, Lluisa Mas y Doris Malfeito, respectivamente.

En su resolución, Garzón relacionaba también a Manuel Valera Navarro y a Francisco Alejandro Pretus Labayen con la operación urbanística de San Andrés, en la que intervino la sociedad Niesma Corporació S.L., de la que ambos eran administradores solidarios.

De Valera, el juez dice que "era en realidad una persona interpuesta al servicio de los intereses de Luis de Andrés García", además de que aparecía como administrador de Renticost Serveis S.L., que en diciembre de 2005 recibió una transferencia de dinero procedente de una sociedad domiciliada en Costa Rica y controlada por García.

Otra de las personas a las que se cita en el auto es Juan Felipe Ruiz Sabido, consejero delegado de Marina Badalona S.A. y del que se dice que era "el contacto de Luis de Andrés García en Badalona".

Garzón también hace referencia a Manuel Grandes Sánchez, Jeff Schroeder Quijano y Lluis Renau Folch -este último fue director general de Seguridad Ciudadana en los Gobiernos de CiU- como titulares de algunas de las empresas que, en 2003, recibieron pagos de García que, según el auto, carecían de justificación.

También aparece el nombre de Wenceslao Manzanares Puig, cuñado de García y responsable de la sociedad Capital City Consulting S.L., en cuya sede se intervino una importante cantidad de obras de arte. 

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