No por esperado deja de ser preocupante. Que los independentistas catalanes no tienen el menor respeto al Tribunal Constitucional ni a cualquier otro tribunal, y que tampoco lo tienen al Estatut en las cuestiones que no permiten un avance en la secesión era algo asumido; ERC, Convergència y la CUP llevan años en esa línea, han incumplido todas las leyes contrarias a sus objetivos e incluso han hecho una lectura absolutamente errónea del resultado de la consulta ilegal que realizaron hace casi dos años, no lograron ni de lejos la deseada mayoría en pro de la independencia.

Sin embargo, con estas premisas sobre la mesa, sabiendo que seguirán con su senda independentista y con lo que llaman "desconexión", la resolución parlamentaria por la que avanzan en esa línea es un golpe. Político y emocional, las cuestiones independentistas provocan siempre sentimientos profundos, en un lado y en otro.

Desde el punto de vista político la noticia llega en el peor momento: sin un Gobierno que pueda utilizar todos los resortes constitucionales para detener las resoluciones que lleguen del Parlament, pues un Ejecutivo en funciones tiene limitaciones en sus competencias legislativas, y con una oposición que lleva muchos meses dando prioridad a las ambiciones de sus dirigentes antes que dedicar un minuto a ver cómo pueden resolver los problemas de los españoles. Y la deriva independentista de las instituciones catalanas -que no de la mayoría de la población- es uno de los problemas que tendrían que obligar a que de una vez Rajoy, Sánchez y Rivera, los responsables máximos de los partidos constitucionalistas, llegaran a algún acuerdo para poner pie en pared ante los partidos catalanes que no respetan el Estado de Derecho y promueven la ruptura de España.

El asunto es suficientemente grave como para que Rajoy haya llamado a Sánchez y Rivera, suficientemente grave como para que los tres reiteren que no cederán ante los independentistas y suficientemente grave como para que Sánchez haya dejado su ostracismo voluntario para hacer una declaración institucional muy clara en contra del independentismo. Que la escuchen bien los dirigentes del PSC, tan tibios, que defienden una consulta, aunque añaden el calificativo "legal". Ninguna consulta lo es mientras no se reforme la Constitución, así que es absolutamente rechazable promoverla mientras no se produzca esa reforma. Abogar por la consulta da alas a los independentistas.

Es fundamental salir del atolladero de estar con un Gobierno en funciones desde hace siete meses. Por cierto, hay que reconocer que ha trabajado bien en Bruselas, donde ha conseguido que no se castigue a España por incumplimiento del déficit. Pero no todos los objetivos de un Gobierno se consiguen gracias a la capacidad negociadora de sus miembros. Hace falta que recuperen su capacidad plena a decidir. Es necesario un Gobierno ya, aunque no sea más que para plantar cara a los independentistas catalanes.