La defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha dicho que, "seguramente", ella tiene "más respeto por el juez Pedraz que el juez por muchos políticos". Así lo ha indicado en RNE, después de que el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz archivase el jueves la causa contra los ocho convocantes del 25-S, enmarcando la protesta en el derecho a la libertad de expresión "máxime -indicó en su auto- ante la convenida decadencia de la denominada clase política", y reprochase a la Policía sus "excesos" en la instrucción.

La Defensora del Pueblo ha dicho que, aunque que se podría actuar de oficio contra estas declaraciones del juez, ella es partidaria de "valorar sosegadamente" este tipo de decisiones. Luego, fuentes de la institución, han aclarado que Becerril "no tiene competencias para actuar contra ningún juez" y que "una iniciativa de este tipo correspondería, en todo caso, al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)". Becerril se ha definido como política porque está en la vida pública y ha defendido a  los "decenas de miles de concejales que se han jugado la vida y se la están jugando, y de diputados y diputadas que no sólo se dejan la vida sino también sus afanes y sus familias en este trabajo" que ha calificado de "muy decente y muy digno".

Respecto a los asuntos que su institución tiene pendientes ha destacado el requerimiento que ha hecho al Ministerio de Industria para que obligue a las compañías eléctricas a elaborar las facturas de la luz de forma similar, es decir que incluyan los mismos conceptos, y en términos comprensibles. Así, ha pedido que incluyan los mismos conceptos y que se desglose lo que se paga por el enganche de la luz, el consumo, la moratoria de las nucleares, las subvenciones para la energía eólica, conceptos que, ha explicado, al igual que las bombillas de bajo consumo que se regalaron cuando Miguel Sebastián era ministro de Industria, se pagan en las facturas de la luz.

Compañeros de Pedraz ven intolerables los insultos

Jueces y fiscales de la Audiencia Nacional han calificado de "intolerables" y "desmedidos" los insultos y críticas de algunos responsables políticos contra el juez. Fuentes jurídicas y fiscales consultadas en este tribunal se han expresado así después de las críticas que el magistrado ha recibido por parte de algún miembro del PP, como el portavoz adjunto del PP en el Congreso, Rafael Hernando, que le calificó de "ácrata pijo".

Las mismas fuentes han coincidido en afirmar que existen mecanismos, como el recurso o la denuncia contra el juez ante el Consejo General del Poder Judicial, para discrepar de la resolución en la que Pedraz archivó la causa abierta contra ocho convocantes de la protesta celebrada el pasado 25 de septiembre, pero nunca la descalificación personal. Por ello, si bien algunas de las fuentes creen que la expresión utilizada por el magistrado puede ser "desafortunada" para incluirla en una resolución judicial, han tachado de "intolerable" y "desmedido" el insulto proferido por el dirigente popular.