España

Comienza a tramitarse la ley que intenta "poner orden" en la acción exterior

  • La norma, según García-Margallo, buscará resolver "la situación caótica" que ha "heredado" el Gobierno, que no sabe ni el número de funcionarios ni de edificios que tiene en el exterior, ni "quién hace qué".

El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de la ley de acción exterior, una norma que intenta "poner orden" y coordinar la labor de las diferentes instituciones y administraciones en el extranjero. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, ha tratado de atajar los recelos que la Generalitat de Cataluña ha mostrado ante la ley, que podría llegar al Congreso antes del verano tras superar un trámite de audiencia pública y recibir el informe del Consejo de Estado, al afirmar que con esta norma se pretende "ayudar" que no "controlar" a las comunidades autónomas.

El objetivo de la ley, ha explicado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa tras el Consejo, es que todas las instituciones actúen en el extranjero bajo una "dirección política", con los mismos fines y sabiendo "qué nos interesa, por qué se actúa y cómo se debe actuar".

La ley, ha recalcado Margallo, buscará "poner orden en la situación caótica" que ha "heredado" el Gobierno, que no sabe ni el número de funcionarios ni de edificios que tiene en el exterior, ni "quién está haciendo qué". Todos los Gobiernos anteriores fracasaron en su intento de sacar adelante esta ley y ahora el jefe de la diplomacia ha dado las gracias a los ministerios que también tienen personal en el exterior y con los que ha tenido que negociar durante meses sobre decenas de borradores. Se trata de contar con "una diplomacia del siglo XXI", clave para la salida de la crisis económica, y superar normas obsoletas que datan de principios del siglo XX, consagrando los principios de unidad de acción, lealtad institucional, planificación, eficiencia y transparencia.

La ley refuerza la capacidad del Gobierno, como director de la "política exterior", para coordinar la "acción exterior", que realizan muchos agentes en ejercicio de sus competencias: la Corona, el Ejecutivo, las Cortes, las fuerzas armadas, las fuerzas y cuerpos de seguridad, el Consejo General del Poder Judicial, las comunidades, los ayuntamientos y los organismos públicos. Es, para Margallo, "un paso más en el reconocimiento del Estado autonómico". Según ha explicado, la acción exterior estará "subordinada a los principios y objetivos de la política exterior" en todas las áreas. "Hay que planificar, coordinador, ahorrar y ganar eficiencia", ha insistido.

Será el Consejo de Política Exterior, con representación de todos los departamentos implicados, el que definirá una estrategia anual y un marco de referencia para cuatro años, documentos que serán completados con el plan director de cooperación -también cuatrienal- y con los informes de la Marca España. Una vez conocido el mapa de las delegaciones en el exterior, se abordará también un "redespligue" para adecuarlo a las necesidades actuales, porque, como ha señalado Margallo, no es comprensible que en Francia haya diez consulados, más que en toda la región de Asia-Pacífico. El ministro ha hecho hincapié en que las palabras que resumen la ley en materia autonómica son "oferta" e "invitación".

Aunque en algún borrador se decía que el Ministerio de Hacienda podría vetar las oficinas autonómicas en el extranjero si las comunidades incumplían el objetivo de déficit, finalmente no se ha incluido ese punto. El gobierno autonómico comunicará sus intenciones a Exteriores y el Ministerio emitirá un informe "que les ofrecerá alternativas", pero la comunidad tomará libremente su decisión y serán los votantes quienes "juzguen" a aquellos que abran oficinas en el extranjero mientras cierran ambulatorios, ha reiterado García-Margallo.

Cuando el PP llegó al Gobierno había 166 oficinas autonómicas en el exterior y ya se han firmado varios convenios para que integren a sus delegados en las embajadas, al igual que España está haciendo en las delegaciones de la UE. Los Gobiernos autonómicos deberán informar también de sus viajes al Ministerio de Exteriores para que embajadas y consulados puedan preparar sus visitas y organizar su logística, pero también para recibir "recomendaciones", de modo que no haya "contradicciones" en la política exterior española hacia un determinado país. Se pondrá además a disposición de los presientes autonómicos personal de la carrera diplomática y Margallo ha destacado que se prestará "especial atención" a la difusión en el exterior de las lenguas cooficiales. Para consagrar el principio básico de unidad de acción en el exterior, se define al embajador como "jefe de la misión" en el extranjero. Los embajadores comparecerán en el Congreso una vez nombrados y pedido el plácet en su país de destino para explicar su misión.

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