La Casa del Rey guarda silencio en el primer día del juicio por el llamado caso Nóos sobre los negocios presuntamente irregulares emprendidos por Iñaki Urdangarin con las Administraciones balear y valenciana y en el que están procesados tanto él como su mujer, la Infanta Cristina. Felipe VI no tiene, hoy por hoy, ningún acto programado en su agenda pública de esta semana. Tan solo la Reina Letizia aparecerá mañana ante las cámaras debido a una reunión de trabajo que mantendrá con la Fundación de Ayuda a la Drogadicción, mientras que el Rey Juan Carlos se desplazará el miércoles a Guatemala para asistir a la toma de posesión del presidente electo, Jimmy Morales.

 Desde el Palacio de la Zarzuela no hay comentario alguno que hacer al inicio de la primera sesión del juicio, que ha arrancado a primera hora en Palma de Mallorca y en la que tanto Fiscalía como Abogacía del Estado y la defensa de la Infanta han pedido para la procesada la aplicación de la doctrina Botín, según la cual se debería archivar la imputación de la Infanta por dos delitos fiscales puesto que ni Fiscalía ni Hacienda -como perjudicada directa- ejercen la acusación en su contra. La única acusación que sostiene acciones penales contra la hermana del Rey Felipe VI es el sindicato Manos Limpias, que reclama ocho años de cárcel para ella al considerarla cooperadora necesaria de los dos delitos fiscales que habría cometido Urdangarin a través de la sociedad de la que ambos son copropietarios, Aizoon, que se nutrió de forma presuntamente irregular de los fondos obtenidos de forma ilícita por el Instituto Nóos de las Administraciones públicas.

 La Infanta Cristina y su marido dejaron de ser miembros de la Familia Real desde la proclamación de Felipe VI el 19 de junio de 2014. Desde ese momento, la Familia Real quedó limitada a los Reyes Felipe y Letizia, sus hijas (la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía) y los llamados reyes eméritos, Juan Carlos y Sofía. Aun así, en junio pasado el Rey Felipe decidió marcar nuevas distancias con su hermana, a la que le retiró el título de duquesa de Palma, y por extensión, el de duque de Palma a Urdangarin, al considerar que no eran merecedores de ese título nobiliario.

Este movimiento dejó en evidencia el deterioro de la relación personal entre los dos hermanos. La Infanta hizo pública una carta en la que intentaba argumentar que fue ella la que renunció antes al título, extremo que desmintió oficialmente Zarzuela. Con este golpe de autoridad, realizado apenas a una semana de cumplir su primer aniversario como monarca, Felipe VI pretendía demostrar que estaba cumpliendo con la hoja de ruta que se marcó en su discurso de proclamación aquella mañana del 19 de junio de 2014, cuando se comprometió a hacer más ejemplar la Monarquía, como demandan "con razón" los ciudadanos.

 Desde que asumió la Corona, la Casa del Rey se ha limitado a manifestar su respeto por la independencia del poder judicial cuando se ha producido alguna reacción a la situación procesal de la Infanta en el caso Nóos. Nada que ver con el comunicado que Zarzuela difundió en abril de 2013 -siendo entonces Rey Juan Carlos I- manifestando su sorpresa por la decisión del juez José Castro de imputar a la Infanta en contra del criterio del fiscal.