Bildu ha presentado este viernessus alegaciones a la impugnación de sus candidaturas, en las que recuerda a la Sala del 61 del Tribunal Supremo, que empieza a deliberar sobre los recursos de la Abogacía y la Fiscalía, que sus candidatos firmaron "un código ético que incluye el rechazo activo de la violencia".

En sus alegaciones, la coalición defiende que ninguno de sus candidatos "ha sido dirigente o miembro significado de Batasuna" y que los dos partidos que la integran -Eusko Alkartasuna (EA) y Alternatiba- han mostrado a lo largo de toda su trayectoria "un inequívoco rechazo de la violencia y el terrorismo, habiendo condenado reiteradamente los atentados de ETA y pedido su desaparición incondicional".

Las 123 páginas de las alegaciones de Bildu ya están en manos de los 16 magistrados de la Sala del 61 del TS que estudian las impugnaciones presentadas por la Fiscalía y la Abogacía General del Estado, que consideran que la coalición es el instrumento y el vehículo con el que Batasuna pretende estar presente en las elecciones del próximo 22 de mayo.

Ante la posibilidad de que el Supremo admita las impugnaciones y anule las listas del Bildu, el secretario general de EA, Pello Urizar, ha denunciado que las impugnaciones responden a un "impulso político" y ha advertido de que podrían plantearse solicitar "la anulación de las elecciones" municipales y forales si finalmente son anuladas las candidaturas.

Una advertencia que Urizar ha lanzado en una rueda de prensa en San Sebastián arropado por decenas de militantes y dirigentes históricos de su partido, entre ellos Carlos Garaikoetxea, Manuel Ibarrondo y Unai Ziarreta, todos los expresidentes de la formación excepto Begoña Errazti.

Desde el Gobierno, ha vuelto a ser el vicepresidente primero y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien ha insistido en que "ahora es el tiempo de la justicia" y serán, por tanto, los jueces los que de acuerdo con las leyes decidirán si un partido es o no legal.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Rubalcaba ha pedido que se deje trabajar a los 16 magistrados de la Sala del 61 del Tribunal Supremo, que tienen de plazo hasta la medianoche de mañana para resolver los recursos, y que son -ha dicho-, según las reglas del Estado de Derecho, quienes deciden sobre la legalidad o ilegalidad de una candidatura.

Los magistrados analizarán por un lado las impugnaciones contra Bildu y por otro las de las agrupaciones electorales, de cuyas sentencias serán ponentes los magistrados Manuel Alarcón y Rafael Gimeno Bayón, respectivamente.

Se da la circunstancia de ambos fueron dos de los siete magistrados que se opusieron hace poco más de un mes a la decisión de la mayoría de la Sala del 61 de prohibir la inscripción de Sortu en el registro de partidos políticos del Ministerio del Interior.

La Sala del 61 está integrada, además de por el presidente del TS, Carlos Dívar, por los de cada Sala -Juan Antonio Xiol (Civil), Juan Saavedra (Penal), Ángel Calderón (Militar), Gonzalo Moliner (Social) y José Manuel Sieira (Contencioso-Administrativo). Además, por los magistrados más antiguos -Aurelio Desdentado, Xabier O'Callaghan, Ricardo Enríquez, Carlos Granados y José Luis Calvo- y por los más modernos -Alberto G. Jorge Barreiro, Carlos Lesmes, Rafael Gimeno-Bayón, Manuel Ramón Alarcón y Francisco Javier de Mendoza-.