Juan Carlos Campo Moreno (Osuna, 1961), magistrado de la Audiencia de Cádiz en excedencia, ex miembro del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y ex viceconsejero de Justicia de la Junta, colgó la toga pocos días después de que los jueces protagonizaran la primera huelga de la democracia para convertirse en el nuevo secretario de Estado de Justicia, el número dos del ministro Francisco Caamaño. Recién aterrizado, confiesa que el reto de modernizar la Justicia le resulta "apasionante".

-¿Es verdad que el ministro de Justicia le dijo que la respuesta tenía que ser sí o sí cuando le ofreció la Secretaría de Estado?

-No, no. Su propuesta me la formuló como hace siempre las cosas, con rigor y el calor necesario, haciéndome partícipe de un proyecto y modelo de Justicia sobre el que habíamos tenido la oportunidad de hablar tiempo atrás, y en el que compartíamos los diagnósticos y la forma de superar la situación insatisfactoria en la que estamos.

-¿No le apetecía más entrar en el Tribunal Constitucional?

-Cuando de madrugada recibí la llamada del ministro nunca pensé en el Tribunal Constitucional, fue algo mucho más primario. El reto que se nos presenta es apasionante también para un jurista. Piense que hablamos de la calidad de la Justicia con mayúsculas, donde se han de adoptar medidas organizativas equilibradas y razonables; incorporar nuestro sistema de justicia a las tecnologías de la información; reforzar la seguridad y la libertad de los ciudadanos actualizando nuestra legislación penal sustantiva y procesal, todo ello en un mundo global donde debemos potenciar la cooperación intergubernamental e internacional.

-¿La huelga de jueces se ve ahora de una perspectiva diferente desde la que tenía en la Audiencia Provincial de Cádiz?

-No. Siempre he entendido las carencias de nuestro sistema de Justicia y cómo, pese al enorme esfuerzo realizado desde todas las administraciones, la situación no es buena. Lo que no quiere decir ni que secundara la huelga, ni que la apoyara. Pero lo importante es la idea sobre la que estos días se ha escrito y hablado tanto, la de poner el contador a cero, resolver los problemas desde el rigor y el consenso mirando el hoy para alcanzar un futuro inmediato donde seamos capaces de otorgar una Justicia de calidad a los ciudadanos.

-¿Bermejo era el problema, o las pretensiones de las asociaciones de jueces eran inasumibles?

-Ni lo uno ni lo otro, lo importante es que las reformas que se pretenden deben tener un impacto efectivo en el modo de impartir justicia, pero también en los profesionales que prestan en él sus servicios.

-¿Cómo han transcurrido las primeras reuniones con las asociaciones judiciales tras poner el ministro el contador a cero?

-El clima de trabajo es ilusionante y decidido en pro de un objetivo común, la mejora de la Administración de Justicia. Hemos fijado un calendario donde estamos abordando tanto líneas estratégicas como planes concretos de actuación.

-¿Los 600 millones que ha puesto el ministro en lo alto de la mesa son suficientes para cerrar un Acuerdo Social sobre Justicia?

-De lo que se trata es que las poderosas herramientas informáticas se conviertan en la realidad del nuevo entorno de trabajo de todas las oficinas judiciales. Es un esfuerzo presupuestario importante, en palabras del Ministro, solidario y realista, en un tiempo de crisis económica global. Supone en modernización un incremento, para cada año, del 48% sobre lo presupuestado años atrás y representa, sin duda, una importante inyección de recursos económicos que dará un impulso decisivo al proceso de informatización de nuestra Administración de Justicia.

-¿Cuándo desaparecerán los legajos de los juzgados?

-Cuando lo anterior sea una realidad. Con ese fin se va a impulsar la creación de un consorcio donde se residencie la cooperación técnica necesaria para que los ciudadanos obtengan un servicio adecuado.

-¿Llegarán a tiempo para parar la próxima huelga judicial prevista?

-No es ninguna obsesión, ninguna meta, lo que no quiere decir que no nos preocupe, pero somos conscientes de que serán los climas que logremos y el trabajo realizado y avanzado los verdaderos diluyentes de esa situación.

-¿Han detectado un cambio de actitud por parte del PP?

-La predisposición es nítida y colaboradora, no en ellos, sino en todos los grupos parlamentarios.

-De las 15 leyes que prevé llevar el Gobierno al Congreso, ¿la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo es la más complicada de pactar?

-No lo sé, la conformación de mayorías es siempre un reto. Cierto es que en estos momentos la dificultad es mayor, pero estoy convencido que ello solamente implicará intensificar los esfuerzos por lograrlo y la generosidad para reconocer las posiciones del adversario.

-¿Las críticas del PP al juez Baltasar Garzón por el caso Gürtel son legítimas o forman parte de una campaña de acoso y derribo?

-No me corresponde entrar en el análisis de lo que está ocurriendo. Siempre he creído en la amplitud del ejercicio de la libertad de expresión, también en el ámbito de Justicia, pero cuando se trata de criticar o valorar resoluciones judiciales el límite está justamente en la persona del juez. Otra cuestión que no podemos olvidar, y lo digo con carácter general, es que con ataques desmedidos no solamente atacamos al servidor público sino también a la credibilidad y confianza de la ciudadanía en la Justicia.

-¿El caso Gürtel debe pasar al Tribunal Supremo tras la acusación formulada contra dos aforados nacionales?

-Entenderá, después de lo que le acabo de decir, que no me pronuncie sobre ese particular.

-¿La sentencia sobre el Estatut será interpretativa y se producirá después de las elecciones europeas?

-No tengo bola de cristal pero una cosa sí le diré, pocas veces los tiempos de la política y de la Justicia convergen. Esto es algo lógico, sus principios inspiradores y fundamentadores son distintos. Las lógicas de la política no tienen que coincidir con las de la Justicia.