El Ayuntamiento de Barcelona ofrecerá a los propietarios de los 330 apartamentos turísticos ilegales de Ciutat Vella que han sido sancionados con una multa de 15.000 euros de media, que cedan el piso durante tres años para alquiler social de emergencia, ante lo que les condonarían el 80% de su deuda.

El alcalde en funciones de Barcelona, Gerardo Pisarello, y la concejal de Ciutat Vella, Gala Pin, anunciaron ayer en rueda de prensa una batería de medidas que impulsa el Consistorio barcelonés para superar el "desgobierno" que creen que han heredado del mandato de Xavier Trias (CiU) en el modelo turístico y evitar que Barcelona se convierta en la cuna de una "nueva burbuja especulativa".

Como prueba piloto, centrada por ahora en el distrito de Ciutat Vella, el Consistorio ofrecerá a partir de septiembre a los propietarios de los 330 apartamentos turísticos ilegales expedientados que los cedan, al menos durante tres años, a la Mesa de Emergencia Social del Consorcio de la Vivienda, para que sean adjudicados en alquiler a familias en situación de emergencia social.

Gala Pin recordó que en Ciutat Vella se producen actualmente unos 250 desalojos mensuales de media, por lo que cree que esta medida podría revertir en beneficio de las personas más desfavorecidas y a la vez combatir la proliferación de apartamentos turísticos.

La portavoz del PSC en el Ayuntamiento de Barcelona, Carmen Andrés, celebró las medidas sobre turismo impulsadas por el gobierno de Ada Colau: "Todo lo que sea reforzar y restablecer la legalidad nos parece una buena medida". Confió en que los propietarios se adhieran a esta medida, y pidió más inspección para detectar pisos turísticos ilegales.