La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha devuelto al vicepresidente segundo del Gobierno y secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, la condición de perjudicado en el caso Dina en contra de la decisión del juez de instrucción Manuel García Castellón.

Los magistrados respaldan los argumentos de Iglesias y consideran que se mantienen las condiciones por las que inicialmente se le consideró perjudicado en esta causa, relativa al supuesto robo de la tarjeta del teléfono de su ex asesora Dina Bousselham y enmarcada dentro del caso Villarejo.

En su auto, la Sala recuerda que en el registro de la vivienda del ex comisario José Villarejo se halló un dispositivo informático con documentos procedentes del móvil de Bousselham, que después fueron publicados por Ok Diario, y recalcan que si en su momento Iglesias fue admitido como perjudicado en la causa fue porque se consideró verosímil que el origen de la publicación de esas informaciones estuviera en la organización criminal que presuntamente dirigía Villarejo.

Considera la Sala de lo Penal que cuando el juez García Castellón retiró la condición de perjudicado al vicepresidente del Gobierno no había pruebas para sustentar que los hechos se produjeran conforme a alguna de las hipótesis alternativas planteadas por el magistrado, al que advierte de que no le compete investigar cuestiones ajenas a la causa, como por ejemplo si fue o no Iglesias quien dañó la tarjeta.

El juez instructor consideró que la condición de perjudicado de Iglesias era "insostenible" dado que la investigación no había concretado "en qué medida resulta ofendido o perjudicado", habida cuenta además de las "contradicciones" entre su declaración y la de Bousselham.

Otras fuentes de publicación

Según su tesis, podrían existir "otras fuentes de publicación" del contenido de la tarjeta, incluidos los propios Iglesias y Bouselham, dado que ésta admitió que pudo enviar capturas de pantalla a varias personas, y que el líder de Podemos declaró que, tras entregarle la tarjeta el presidente del grupo Zeta, la tuvo en su poder "durante varios meses", ocultándosela a su exasesora, a quien se la "devolvió dañada".

Pero a juicio de la Sala de lo Penal, a día de hoy "no hay pruebas que sustenten" estas alternativas, que califica de "meras hipótesis que no desvirtúan" la conexión de Iglesias con el objeto del proceso, en virtud de la cual se le reconoció como perjudicado.

E insiste en que hay "indicios compatibles" con la atribución a esa supuesta organización liderada por Villarejo de la "obtención ilícita y/o publicación de los datos del teléfono" de Bousselham, lo que, a su vez, "resulta compatible, a expensas de lo que resulte en su día acreditado, con el eventual perjuicio" de Iglesias.

Subraya además la "improcedencia" de la investigación de algunas de esas alternativas planteadas por García Castellón, como quién dañó la tarjeta de Bousselham y cuándo se produjo.

Hechos que, en todo caso, habrían tenido lugar fuera de la supuesta organización criminal investigada y por personas ajenas a ésta, por lo que no es competencia de la Audiencia Nacional y deberían ser investigas en otro órgano judicial, según la Sala.

Y como el magistrado García Castellón no es quien debe investigar estos hechos en este procedimiento, subrayan los magistrados, "no se da el peligro" al que aludía el instructor "de que dicha investigación pudiera resultar frustrada" si Iglesias seguía personado como perjudicado.

Por tanto, la Sala estima los recursos de Iglesias y Bousselham al considerar que los elementos que permitieron al vicepresidente segundo personarse como perjudicado se mantienen en la actualidad