La sección tercera de la Audiencia Nacional ha obligado al juez Fernando Andreu a volver a imputar a ocho policías por recibir regalos de la red china de blanqueo liderada por Gao Ping, tal y como le pedía la Fiscalía Anticorrupción, al entender que hay indicios delictivos contra todos ellos. Según los magistrados, en su recurso la Fiscalía rebatía "uno por uno" los argumentos del juez para levantar la imputación de los agentes de Madrid, y lo hacía "de forma contundente y sin ambages, poniendo de relieve respecto a cada uno la existencia de unas diligencias de investigación que presentan unos indicios cuya naturaleza es totalmente incompatible" con levantarles la imputación.

En concreto, la sala obliga al juez a que vuelva a investigar a los policías nacionales Manuel Patricio Rodríguez San Román, Blas Donoso Adán, Federico Sánchez de Frutos, Ángel Luis Olmedo Ovejero, Francisco García Frade, Miguel Ángel Gómez Gordo y Pablo García Lozano, así como al policía municipal Mario José Selas Martínez. Los magistrados acogen los argumentos de la Fiscalía, que aseguraba que cometieron delitos de cohecho por recibir regalos como entradas para los toros y para el fútbol en el Santiago Bernabéu y el Vicente Calderón, vuelos en clase business a China, cajas de vino, jamones o bolsos de marca.

Los fiscales José Grinda y Juan José Rosa apuntaban además que algunos de los agentes no se beneficiaron solo de regalos, sino que participaron en negocios con ciudadanos chinos de la red e incluso familiares de los funcionarios se beneficiaron de la trama de blanqueo. Aparte de cohecho, a los policías también se les imputa revelación de secretos por dar información a los miembros de la red de bases de datos de antecedentes y atestados policiales, extranjería, vehículos, domicilios o titulares de números de teléfono.

La sección ha ordenado asimismo al juez volver a imputar al ciudadano chino Yongping Wu Liu, al entender que "movía la voluntad" de los policías y disponía, gracias a ellos, de información de datos policiales y personales de terceras personas. Para la sala, "Yongping tenía a su disposición prácticamente a estos miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado moviendo su voluntad, lo cual no es razonable, pues no tiene justificación legal posible". A modo de ejemplo, destaca la gestión que hizo Rodríguez San Román, jefe de servicio en la Brigada de Seguridad Ciudadana de Madrid, para "poner a Yongping en contacto con el concejal de Urbanismo de Coslada", que se refleja en una conversación telefónica con un lenguaje "encriptado".

En cuanto a Sánchez Frutos, inspector de Policía, hay indicios, según los jueces, de que se enriqueció con dinero de la trama china, ya que no se ha justificado el incremento en su patrimonio, que "no se corresponde con su capacidad económica como funcionario público". Entre otras cosas, se le investiga por la constitución en 2009 de una sociedad dedicada a la importación de prendas de vestir de China que hizo operaciones sospechosas.

Los jueces también destacan que el policía local de Fuenlabrada Mario José Selas hizo gestiones para conseguir licencias de obras en el polígono Cobo Calleja, donde actuaba la red mafiosa, a cambio de entradas para el fútbol. El juez archivó la imputación, porque, aunque reconocía la existencia de regalos, le parecía que no tenían "relevancia económica" y que este tipo de dádivas son "admitidas socialmente", pero la sala entiende que sí hay indicios suficientes contra ellos.