El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha aprobado un real decreto por el que se crean un total de 66 plazas de fiscales destinados a la lucha contra el terrorismo yihadista y la corrupción. En rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, ha explicado que las nuevas plazas se encuadran en el acuerdo entre el Gobierno y el PSOE en la lucha contra el terrorismo yihadista para hacer frente a las "necesidades existentes" en este ámbito.

Este acuerdo garantizaba los recursos humanos y materiales necesarios para luchar más eficazmente contra el terrorismo en la Administración de Justicia, los Cuerpos de Seguridad del Estado y los servicios de inteligencia. La provisión de estas plazas de fiscales ya fue anunciadas por el ministro de Justicia el pasado octubre en su primera comparecencia parlamentaria tras tomar posesión del cargo.

Al respecto, Catalá ha recordado las 282 plazas de jueces que aprobó el pasado año el Gobierno y que irán destinados al orden penal, donde se encuadra el terrorismo yihadista, y a donde también irán destinados los 66 plazas de fiscales que elevan la plantilla del Ministerio Público a 2.473 efectivos. Catalá ha explicado que 50 son plazas de nueva creación de fiscales -que se incorporarán en junio- mientras que las otras 16 son para reorganizar la situación de fiscales interinos, puesto que la última vez que hubo oposiciones a la carrera fiscal fue en 2010. "Se trata de dar entrada a 50 nuevas personas y de reorganizarnos para situar efectivos donde son más necesarios", ha precisado.

Así, cuatro plazas son para la Fiscalía General del Estado, dos para trabajar en asuntos relacionados con la Criminalidad Informática, dos para temas de Cooperación Penal Internacional y cuatro para la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad organizada. El resto irán destinados a las fiscalías provinciales en las que el número de casos de corrupción es más acusado y en las cuales El Gobierno asegura que como única forma de dar respuesta a estas necesidades se han diseñado unidades de investigación en las fiscalías en las que la corrupción y las formas complejas de delincuencia económica están teniendo mayor incidencia.

El titular de Justicia se ha referido a esta ampliación de fiscales como "una medida estructural", encaminada a conseguir la "capacitación adecuada y suficiente" en el Ministerio Fiscal para llevar a cabo todos los compromisos de la Administración de Justicia, fundamentalmente en el orden penal. Según el ministro, la ampliación de plazas supondrá un coste aproximado de cinco millones de euros que serán financiados con cargo a los presupuestos del Ministerio de Justicia.

Por otra parte, el real decreto aprobado modifica la denominación de la Fiscalía de Manresa-Igualada (Barcelona) que pasa a llamarse Fiscalía de Área de Manresa-Igualada-Vic. De la misma manera las fiscalías de las tres provincias del País Vasco pasaran a denominarse Fiscalía de Bizkaia, Araba/Álava y Gipuzkoa. Asimismo, se crea la sección territorial de Amposta perteneciente a la Fiscalía Provincial de Tarragona y la Sección Territorial de Inca en la Fiscalía de Baleares.