El juicio a la presunta trama corrupta en la empresa de vivienda de la Generalitat Adigsa, que debía iniciarse ayer tras 12 años, se suspendió por un error en las citaciones, cuando los acusados ultimaban un pacto que les evitaría entrar en prisión a cambio de admitir el pago de comisiones. La Sección 22ª de la Audiencia de Barcelona tenía previsto empezar ayer el juicio del caso Adigsa, una investigación que la Fiscalía abrió en 2005 a raíz de la insinuación del ex presidente catalán Pasqual Maragall en el Parlament de que CiU cobraba mordidas del 3%.

La vista, sin embargo, se aplazó al próximo 16 de mayo, por no haber comparecido el administrador de una de las empresas que figura como responsable civil subsidiaria en la causa y al no ser correctamente citado un empresario al que la Fiscalía acusa como responsable civil a título lucrativo.

Los acusados, siete empresarios y ex cargos de Adigsa que afrontan penas de diez años de cárcel, llegaron ayer al juicio con un pacto bajo el brazo, que se ultimó en los instantes previos al inicio de la vista, del que sólo se ha desmarcado el constructor arrepentido José Antonio Salguero, quien durante la instrucción del caso confesó haber pagado comisiones a cambio de la adjudicación de obra pública.

El acuerdo, que sigue en el aire al no haberse formalizado ante el tribunal, prevé que los acusados paguen de forma solidaria los 120.000 euros presuntamente desviados de Adigsa por el sobrecoste de las obras y reconozcan el pago de comisiones por la adjudicación de obras.