El Gobierno ha aprobado solicitar al Consejo de Estado el informe previo para interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la declaración del Parlamento catalán que define a Cataluña como un "sujeto político y jurídico soberano", tras obtener el informe "favorable" de la Abogacía de Estado. Así lo ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha informado de que el Gobierno ha recibido ya el informe de la Abogacía del Estado "favorable" a la impugnación de la declaración aprobada el pasado 23 de enero.

La vicepresidenta ha explicado que el informe encargado por el Gobierno a la Abogacía del Estado concluye que dicha declaración en la que el Parlamento apela a la soberanía de Cataluña vulnera los artículos 1.2, 2, 9 y 168 de la Constitución Española. Sáenz de Santamaría ha indicado además que la Abogacía del Estado ha fundamentado "muy rigurosamente" que la declaración catalana sí que es recurrible ante el Tribunal Constitucional dado que, a diferencia del plan Ibarretxe -que era un "mero trámite"-, la decisión del Parlamento es una "resolución" que supone la apertura de un proceso más amplio.

El informe de la Abogacía precisa que el texto catalán puede llevarse al Constitucional dado que la declaración tiene "efectos jurídicos" y "busca dirigir la actuación de los poderes de Cataluña hacia un fin de naturaleza claramente inconstitucional", como es que la soberanía resida en el pueblo catalán y no en el español. Tras obtener el informe de la Abogacía del Estado, el Gobierno considera que tiene un "elemento a favor" para presentar el recurso, y con ese objetivo reclama ahora la posición del Consejo de Estado, dando así el paso previo a la presentación del recurso ante el Alto Tribunal.

Aunque el informe de ese órgano no condicione la decisión del Gobierno, la vicepresidenta ha apuntado que "se tendrán muy presentes las valoraciones" que haga al respecto por tratarse "el supremo órgano consultivo del Estado". La vicepresidenta ha insistido en que el Gobierno "cumple y hace cumplir la Constitución y las leyes", como es su "obligación", y que por ello puso en marcha los mecanismos para ver si era posible presentar un recurso de inconstitucionalidad ante la resolución de soberanía del Parlamento. Sáenz de Santamaría ha advertido de que el Gobierno "procederá de la misma manera" con otras resoluciones o iniciativas de la Generalitat o de cualquier otro organismo porque, ha insistido, "aquello que vulnera la Constitución, se recurre".

La interposición del recurso lleva aparejada la suspensión automática de la resolución del Parlamento si así lo pide el Gobierno, por lo que, ha dicho la vicepresidenta, "indudablemente esa resolución dejaría de poder aplicarse", aunque ha asegurado no saber si "políticamente" la Generalitat "asumiría" esa suspensión. En cuanto a las diferencias de la resolución catalana con el plan Ibarretxe, la vicepresidenta ha apuntado que el Alto Tribunal entendió que en el caso vasco se trataba de un "paso más" en un procedimiento legislativo mientras que esta resolución "agota"  el procedimiento y supone el "acto final" de un proceso que tiene "efectos jurídicos".

La resolución, según el argumento de la Abogacía, lesiona tanto la atribución de la soberanía nacional al pueblo español establecida por la Constitución como la garantía constitucional de la "indisoluble unidad de la nación española". Además, la vicepresidenta del Gobierno ha recordado a la Generalitat que "la voluntad democrática constitutiva de España fue la Constitución" y ha trasladado que "lo más democrático" que se le ocurre es cumplir la Carta Magna y las leyes. Dentro de ese marco, ha continuado Sáenz de Santamaría, cada uno debe hacer las actuaciones políticas que le corresponde. "La democracia en un Estado de Derecho es eso", ha apostillado.