La crisis del ladrillo de 2008 dejó muchas obras paradas y esqueletos de hormigón repartidos por toda la ciudad. El fallido palacio de congresos, la promoción de Rochdale en el Mirabal o el bloque sin finalizar de Ermita de Guía se convirtieron en símbolos de aquella brutal explosión de la burbuja inmobiliaria.

Más de una década después, algunos ya son historia. La mole de hormigón del palacio de congresos se echó abajo este verano; las obras en los pisos de Ermita de Guía inacabados se han retomado; mientras, la promoción de El Mirabal ya cuenta con una orden de derribo para acabar con uno de los vestigios de una época en la que algunos llegaron a decir que este país vivió por encima de sus posibilidades.

El sector de la construcción vivió una catarsis y ahora atraviesa una recuperación sostenida que ha permitido que año a año vayan incrementándose las promociones de viviendas en construcción. Pero, a pesar del buen momento, sigue habiendo fracasos. Por muy diversos motivos (falta de capacidad económica, fundamentalmente, y la crisis de la covid-19 en el último año) ha provocado la paralización y el abandono de algunas obras. Así, en barrios tan singulares como San Miguel o San Mateo hay estructuras de viviendas sin acabar o, incluso, solares que tienen la licencia municipal para iniciar las obras y que, sin embargo, no se ha llegado a poner un ladrillo en ellas.

La normativa andaluza establece el deber de conservación y de edificación de los propietarios de viviendas y de suelos. Para su cumplimiento, los ayuntamientos tienen una herramienta poderosa como es el registro de solares y edificaciones ruinosas, que permite que el municipio expropie en el caso de que el dueño no actúe. Ahora bien, hay un subterfugio legal que permite esquivar temporalmente la acción municipal, tal y como reconoce el delegado de Urbanismo, José Antonio Díaz. El procedimiento de inscripción en el registro de solares no puede ejecutarse si el propietario cuenta con una licencia de obras en vigor y puede paralizarlo si presenta una nueva petición de autorización y es aceptada. De este modo, gana tiempo para mantener paralizada la obra. En cambio, esta situación provoca en numerosas ocasiones que estos inmuebles se conviertan en un foco de vandalismo y de problemas para los vecinos de su entorno.

Para tratar de hacer frente a esta picaresca, la Delegación de Urbanismo ha optado por recurrir a otra herramienta legal para tratar de forzar a estos incumplidores. Para ello, tal y como explica el edil, se está realizando una profunda “depuración” de licencias concedidas en los últimos años para iniciar el procedimiento de caducidad de aquellas que estén paradas y que hayan sobrepasado el plazo de ejecución que se le había concedido.

La reforma de un edificio tan simbólico como El Gallo Azul fue hace unos meses la carta de presentación de este modus operandi. Las obras de reforma de este establecimiento estuvieron paralizadas por lo que la Delegación de Urbanismo inició el trámite de caducidad de licencia. El promotor corría el riesgo de que, en caso de no actuar, el siguiente paso fuera la inscripción en el registro de solares, que podría conllevar la expropiación del inmueble. Así, tras aprobarse el inicio de expediente de caducidad de la autorización en una junta de gobierno celebrada a principios de marzo, el promotor presentó una nueva solicitud de licencia y, tras comprometerse a retomar las obras, ya se están ejecutando en la actualidad.

La caducidad de licencias es un procedimiento reglado que lleva décadas aplicándose, pero Urbanismo reconoce que en este año se está poniendo especial énfasis en su aplicación para tratar de acabar con las obras abandonadas, especialmente en puntos tan singulares como el centro histórico jerezano.

Los números así lo corroboran. Teniendo en cuenta los asuntos llevados a las juntas de gobierno celebradas este año, se ha procedido a la apertura de 13 procedimientos de caducidad de licencias concedidas por Urbanismo. De estas, nueve corresponden a promociones de viviendas (solo una no está en el casco histórico), dos a reformas para habilitar apartamentos turísticos y otras dos para reformas en establecimientos hosteleros (una de ellas es la de El Gallo Azul).

Ahora bien, una vez se inicia el expediente el promotor puede presentar alegaciones. Pero el delegado de Urbanismo advierte: “Los expedientes de caducidad de licencias son llamadas de atención a los propietarios; lo que queremos transmitirles es que estamos vigilantes”. Eso sí, asegura que no son gestos de cara a la galería. Si no hay un compromiso real y se presentan las garantías oportunas, el procedimiento de caducidad continuará adelante y, una vez concluido, se iniciará la inscripción en el registro de solares.

De hecho, en los últimos meses ya se han declarado la caducidad de tres de los expedientes iniciados este año, concretamente una promoción de viviendas en la calle San Blas (San Mateo), que ni siquiera se empezó, y de otras dos que no se han concluido, una en la calle Asta (en Santiago), y otra en Morenos (San Pedro). A estas se suman otros 10 procedimientos que se iniciaron en años anteriores y que ahora han concluido, como la reforma de un edificio en la calle Corredera que obtuvo una licencia para ser un hotel de 11 habitaciones, unos apartamentos turísticos en Lancería o la conclusión de unas viviendas en la pedanía de Estella.

Ahora bien, la pasada semana, el ejecutivo procedía al archivo de cuatro de los expedientes de caducidad que había iniciado meses antes. Así, mantendrán su licencia una promoción de cinco viviendas en Agrimensor, la reforma de una vivienda en la calle Sol y dos proyectos de apartamentos turísticos (uno en Diego Fernández Herrera y otro en Doctor Lillo) tras las alegaciones presentadas por sus promotores.

El responsable de la Delegación de Urbanismo sentencia: “Esta es la segunda gran batalla que hemos abierto para tratar de regenerar el centro histórico con nuevas viviendas”. La primera, según Díaz, fue la reactivación del registro de solares que ha propiciado que se hayan vendido varias fincas por parte del Ayuntamiento en los últimos meses. “Con los expedientes de caducidad de licencias tenemos otra herramienta más para acelerar la recuperación del centro histórico”, añade.

Por ello, afirma que “hay movimiento” en el centro histórico sustentándolo en que el pasado año el grueso de las licencias que se concedieron fue en este enclave. “El punto de inflexión fue cuando le ganamos a Sareb en la finca de la calle Molino de Viento”, asegura. Entonces, esta finca del barrio de San Miguel, que había caído en manos del llamado ‘banco malo’, estaba sin edificar y el Ayuntamiento logró expropiarla y, posteriormente, venderla, aunque previamente hubo un procedimiento judicial por la valoración de la finca que acabó a favor del Consistorio. Acto seguido, sentencia: “A partir de entonces empezó a haber movimientos de promotores soltando fincas que hasta ese momento no habían querido o podido vender”.

No son los únicos frentes abiertos. Hasta el juzgado ha llegado la inscripción de una finca en San Pedro que está en manos de la firma Casa Belén, una sociedad sevillana que cuenta con una quincena de propiedades en el centro de la ciudad. Pero Díaz lo tiene claro: “Solo buscan ganar tiempo y paralizar los procedimientos; pero, ojo, ya le ganamos a la Sareb con Molino de Viento; la razón está de nuestra parte”, concluye.