En 2017, el Tribunal Constitucional determinó que las entidades locales no podían reclamar el cobro del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (la conocida como plusvalía) cuando la transacción no había supuesto beneficio económico para el vendedor o receptor de la propiedad. El pronunciamiento fue fruto de una cuestión de inconstitucionalidad que presentó el bufete del abogado jerezano José Cepero por un caso ocurrido en Jerez: concretamente por la reclamación realizada por el Ayuntamiento a la promotora Rentas y Vitalicios de este pago tras una ejecución hipotecaria a favor de una entidad bancaria de unos terrenos donde se habían construido viviendas.

Cuatro años después de aquel pronunciamiento, este mismo tribunal ha declarado inconstitucional la forma de cálculo del tributo. Diario de Jerez ha podido conversar con el letrado donde analiza el pronunciamiento del alto tribunal y advierte de que aún queda mucho por pelear por aquellos que en su día tuvieron que hacer frente a este impuesto.

La entrevista se realizó de manera telefónica el pasado viernes horas antes de que el abogado recibiera el Premio Carlos III a la Excelencia Jurídica concedido por la Sociedad Europea de Fomento Social y Cultural por su trayectoria y compromiso con la excelencia en el ámbito de la jurisprudencia.

¿Cómo ha podido ocurrir que la justicia acabe tumbando un impuesto como la plusvalía?

Este impuesto nació viciado. Nunca nadie lo entendió, pero todo el mundo se acostumbró a pagarlo, a pesar de que, como se ha acabado demostrando, era absolutamente ilegal e improcedente. Hace unos años me dio por pensar cómo se podía hacer frente a esta injusticia. Así, se planteó la inconstitucionalidad se logró en 2017 al determinarse que no se podía exigir en caso de inexistencia de incrementos de valor. Se le dio entonces en la línea de flotación de este impuesto. Fue a partir de ahí cuando los juzgados empezaron a plantearse que este impuesto no tenía sentido y se inició una lluvia de sentencias motivadas por la cuestión de inconstitucionalidad.

La sentencia de 2017 abrió el camino al que se ha llegado ahora, por tanto...

Yo lo he venido planteando desde el principio. La base de este impuesto es el valor catastral, un importe que no sabemos cómo se calcula y que atenta contra el principio de capacidad económica que recoge la Constitución. Ha sido un camino largo para llegar hasta aquí.

Sin embargo, el Gobierno central ya ha anunciado que ultima una modificación normativa para tratar de salvar el impuesto...

Se salvará porque estamos hablando de dinero. Ya en 2017, cuando conocimos el fallo del Constitucional, se presentó un anteproyecto de una nueva Ley de Haciendas Locales. Pero no hubo acuerdo con la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias) por lo que no salió adelante. Ahora, con este fallo, los ayuntamientos dejan de percibir más de 3.000 millones de euros. Por eso, estoy convencido de que van a mover ficha muy rápido.

Aún no conocemos el contenido de la sentencia, pero, al parecer, aquellas liquidaciones que sean firmes no podrán reclamarse...

En estos días han circulado por Internet varios borradores de la sentencia del Tribunal Constitucional y todas con contenido distinto. Hasta que no se publique en el BOE(Boletín Oficial del Estado) no conoceremos con detalle qué dice sobre la retroactividad. Pero tengo una cosa muy clara:todas las personas que en algún momento han tenido que pagar este impuesto ilegal deben ser compensadas. Ese es el gran camino que se abre ahora. Hace unos años se ganó una primera batalla; ahora se ha ganado la segunda; pero ahora queda la más importante, la de resarcir a esas familias que heredaron en su día y que tuvieron que vender porque no pudieron pagar el impuesto de la plusvalía. Ese es el gran drama que ha provocado este impuesto; por eso estamos preparados para la próxima batalla.

¿Usted cree que estas personas podrán reclamar?

Yo estoy convencido de que la administración debe resarcir de los daños ocasionados a unas familias por un impuesto que ha sido declarado ilegal. O se repara al 100% o no habrá justicia plena. No debe haber limitación temporal para la reparación del daño realizado.

¿Los ayuntamientos han cumplido con la sentencia del Constitucional de 2017 que determinó que este tributo no se podía reclamar si no se había producido ganancia patrimonial?

Muchos ayuntamientos, como el de jerez, han seguido reclamándolo a pesar de haberse acreditado la pérdida patrimonial, tal y como estableció el Constitucional, y enviando las liquidaciones.

Ahora tendrán que hacerlo sí o sí...

Habrá que ver qué actitud adoptan los ayuntamientos una vez se conozca la sentencia. Una cosa está clara: el impuesto es nulo desde el origen, algo que, por cierto, ya decía la sentencia de 2017. ¿Qué van a hacer los ayuntamientos? Habrá que verlo pero ya no existe la ley que sustenta la plusvalía.

Dijo usted antes que empieza ahora la gran batalla...

La guerra contra la plusvalía no se ha acabado con esta sentencia. Se ha ganado una nueva batalla. La primera fue en 2017 y ahora ha sido la segunda. Esta guerra se ganará cuando se compense de manera justa a todos los que han sufrido daños por este impuesto. Si se establece una limitación en el tiempo, no será un remedio definitivo, ni siquiera una cura.