La Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) ha registrado en las últimas semanas un total de 193 reclamaciones presentadas por los usuarios del gimnasio Body Factory, ubicado hasta hace unos meses en el centro comercial Bahía Mar, que cerró sus instalaciones en la ciudad sin previo aviso, dejado en la calle a los usuarios a pesar de haber abonado por adelantado el importe de las cuotas anuales. De las 193 reclamaciones, 37 tenían firmados contratos de financiación con la entidad Celeris Servicios Financieros para hacer frente a la cuota anual del gimnasio y éstas han sido las primeras en tramitarse. El concejal de Comercio, Francisco Aguilar, explica que "tras varias gestiones con dicha entidad financiera, y de acuerdo con lo establecido en la Ley de Crédito al Consumo, la financiera ha optado por paralizar cualquier tipo de reclamación de cantidad de las cuotas pendientes, así como devolver las cuotas ya pagadas del vencimiento de octubre". Al haberse acreditado por parte de la OMIC el cierre de las instalaciones y la existencia de cuotas abonadas por los usuarios y no consumidas, y al haber presentado los usuarios la oportuna reclamación ante la OMIC (un requisito imprescindible para poder paralizar los recibos) la entidad financiera ha comunicado esta decisión que les desvinculará totalmente de los usuarios.

En los próximos días, estos 37 reclamantes recibirán una comunicación de la OMIC en la que se les dará traslado de la respuesta de la entidad financiera, por lo que podrán dar orden a su banco para que no les carguen más recibos, finalizando así su relación con la misma y procediéndose por la OMIC al archivo de su reclamación sin más trámite. Del resto de reclamaciones, explica el edil (las de los usuarios que abonaron la cuota anual en metálico o con tarjeta) se dará traslado a Body Factory "en un intento de llegar a un acuerdo amistoso que no puede ser otro que la devolución del importe abonado y no consumido", dice Aguilar. En caso de no resolverse satisfactoriamente con esta mediación, se dará traslado de las reclamaciones al Servicio Provincial del Consumo para la apertura del correspondiente expediente sancionador.