El pleno municipal ordinario que se celebra esta tarde estará marcado sin duda por los asuntos urbanísticos. Una primera batería de propuestas tendrá como protagonista al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), primero de la mano de una propuesta del grupo de Independientes Portuenses -que solicita la convocatoria de la comisión de seguimiento del Plan y reclama información sobre el desarrollo del documento- y después mediante una propuesta del PSOE que solicita la adopción de varias medidas relacionadas con el informe de Incidencia Territorial elaborado por la Junta de Andalucía sobre la revisión del PGOU. También se verá una propuesta de Izquierda Unida mediante la que se pide que se arbitren los mecanismos necesarios de manera que, de cara a la previsión de los futuros equipamientos en las zonas hoy al margen del planeamiento, no se penalice a aquellos propietarios que, cumpliendo la ley, se han abstenido de construir en tanto no esté aprobado el nuevo PGOU.

Pero sin duda uno de los asuntos que más polémica despertará en la sesión será la propuesta de aprobación del estudio de detalle de los terrenos pertenecientes al antiguo camping de Valdelagrana, terrenos propiedad de la empresa Guadalsol Inmuebles y Construcciones S.L. en los que se pretende levantar apartamentos turísticos. En mayo de 2007 el Ayuntamiento aprobó el estudio de detalle referente a los terrenos pero con la condición de que el promotor presentase un texto refundido en el que se recogiesen una serie de consideraciones realizadas entonces. El nuevo texto fue presentado por la promotora el pasado mes de noviembre . Según las condiciones que aparecen en el estudio de detalle que se votará hoy, la empresa deberá destinar 23.000 metros cuadrados de los terrenos a zona verde pública, según el convenio urbanístico suscrito en septiembre de 2004, y también deberá dejar a la empresa municipal de aguas (Apemsa) una servidumbre de paso para salvar un conducto de aguas fecales de viviendas cercanas. También se indica que el proyecto de obra (del que no se dan detalles en la propuesta que va a pleno) deberá contar con la preceptiva licencia municipal de obras y un informe favorable del área de Medio Ambiente, con la finalidad de minimizar la afección del arbolado. Ya en febrero de 2006 Ecologistas en Acción presentó una serie de alegaciones contra el proyecto de construcción de apartamentos turísticos en la zona, recordando la rocambolesca historia de esta parcela que era propiedad municipal y se cedió a Diputación en 1964 a un precio irrisorio con el objetivo de fomentar el turismo en la ciudad. Casi cuarenta años después, en 2002, la Diputación Provincial, presidida entonces por el socialista Rafael Román, vendió la misma parcela a la empresa privada inmobiliaria Gran Capitán, filial de Urbis, por una cantidad muy por debajo del precio de mercado. La inmobiliaria pagó por la finca 3,6 millones de euros cuando un informe municipal cifraba su precio en 15 millones de euros. El anterior equipo de gobierno llegó a proponer incluso convertir los terrenos en residenciales, algo que no consiguió debido a la presión vecinal. Ahora los terrenos son de uso hotelero y se prevé la construcción de apartamentos turísticos.