Ha pasado prácticamente un año desde que se firmara el documento denominado Pacto y programa de gobierno progresista y social, suscrito por las tres fuerzas que componen el equipo municipal de gobierno tripartito: PSOE, Izquierda Unida y Levantemos El Puerto.

El documento, planteado para una vigencia de cuatro años, recogía distintos compromisos y planteamientos generales y también un anexo con un programa de medidas, un programa escalonado en el tiempo y del que se han cumplido menos de la mitad de las propuestas planteadas para el primer año, teniendo en cuenta que algunos de los graves asuntos que quedan por resolver seguramente se seguirán alargando en el tiempo, aunque se haya podido dar algún paso en busca de su solución.

Dentro de los objetivos llevados a cabo en este primer año destacan los acometidos en los primeros días del mandato, como la reducción de sueldos de los concejales (aunque en distintas cuantías según cada una de las formaciones) o la reducción de los cargos de confianza adscritos al equipo de gobierno, que han pasado de once a siete.

La eliminación de la Zona Naranja en las zonas de playa fue una de las primeras medidas materializadas (si bien el expediente administrativo al respecto aún no está cerrado), así como la puesta en marcha del comedor de verano el pasado año. La apertura del centro cívico por las tardes tampoco se hizo mucho de rogar, así como la creación de la oficina municipal antidesahucios.

El impulso a las actividades lúdicas y de ocio también se pueden considerar un reto conseguido, ya que la programación para este año se prevé mucho más completa que la del verano anterior, teniendo en cuenta que el nuevo equipo llegó al poder en el mes de junio. La continuidad de los servicios del área de Bienestar Social también se ha materializado, así como la puesta en marcha del proceso para los presupuestos participativos de 2017 y la puesta en marcha de los espacios mixtos participados.

También se puede considerar como logro la mejora de la administración electrónica, y con ello el aumento de la transparencia a raíz de la renovación de la web municipal, así como el proceso encaminado al mayor control de las subvenciones municipales y el comienzo del proceso de unificación de las empresas municipales. Finalmente, cabe destacar el esfuerzo realizado de cara a la agilización de las licencias municipales, con la contratación de nuevo personal en el área de Urbanismo.

En el debe del equipo de gobierno figuran también una larga lista de incumplimientos, como la organización de las bolsas municipales de aparcamientos (de momento no se sabe lo que ocurrirá para este verano), la publicación de las actas de los consejos de Apemsa en la web de la empresa; la entrega de llaves en el Barrio de la esperanza o el plan social en Santa Clara, donde tampoco han comenzado las obras de urbanización del entorno (anunciadas en un principio en un plazo de dos meses).

No se ha conseguido tampoco abrir las bibliotecas de los colegios por las tardes ni ha habido revisión ciudadana del plan de ajuste (aunque ha habido modificaciones puntuales del mismo).

La revisión de las contratas, si se ha hecho de momento no se le han visto los resultados porque en la mayoría de los casos se está procediendo a la prórroga de los contratos, al tiempo que tampoco se ha garantizado, de momento, la esperada cláusula de subrogación.

No ha habido tampoco una auditoría ciudadana de la deuda. La revitalización del centro y la desestacionalización turística es también, de momento, un reto pendiente, y tampoco se ha puesto en marcha la anunciada playa canina. En cuanto a la revisión de las ordenanzas fiscales, únicamente ha dado frutos la revisión del padrón del IBI, aunque no se ha puesto en marcha la anunciada medida de gravar los pisos vacíos.

Por último, la inclusión social de colectivos en riesgo de exclusión sigue siendo también una asignatura pendiente, así como el desarrollo de los espacios libres y de interés medioambiental.

El polémico asunto de los parkings es quizás con el que más se está mareando la perdiz. Si bien desde los primeros meses se trató de tomar una decisión al respecto, lo cierto es que a día de hoy la situación sigue empantanada y el equipo de gobierno aún no se ha pronunciado claramente sobre si finalmente se construirán o no. Tres cuartos de lo mismo ocurre con la privatización de Apemsa, ya que hasta ahora el único paso en firme que se ha dado es el de llevar a pleno una propuesta para estudiar la posible reversión. Lejos de eso, en el juzgado el Ayuntamiento sigue defendiendo la postura del anterior equipo de gobierno, sin sumarse a la plataforma Apemsa no se Vende en sus demandas judiciales.

La revisión de la ordenanza de viviendas sigue en proceso, así como la revisión de los planes de empleo y la firma de convenios con los bancos para evitar los desahucios y facilitar alquileres sociales. En cuanto a la puesta en marcha de un plan de empleo local, esta misma semana se ha anunciado la puesta en marcha de una convocatoria para la concesión de ayudas destinadas a promover proyectos empresariales de interés local. Se trata de una convocatoria de ayudas que cuenta con una cuantía de 11.000 euros para subvencionar con hasta 1.500 euros, como máximo, cada proyecto empresarial, una buena iniciativa de la que habrá que esperar sus frutos.