Los partidos políticos escenificaron ayer su apoyo a la búsqueda de vías jurídicas para dar solución a las viviendas ilegales. Lo hicieron durante la celebración de un Pleno donde se debatió una propuesta del PSOE en este sentido. La sesión de ayer sirvió para reafirmar las líneas en las que se está trabajando desde el Área de Urbanismo con los colectivos que representan a los diseminados ilegales: la legalización de estos núcleos, la concesión de autorizaciones de luz y agua y la paralización de las multas coercitivas.

La palabra que los grupos más repitieron fue la de "soluciones". El PSOE presentó una propuesta en la que marcaba una serie de plazos para hallarlas. Finalmente, tras el debate, se acordó que se siguiera como hasta ahora: nuevas reuniones entre Ayuntamiento y diseminados para buscar fórmulas legales a las tres líneas de actuación en las que se está trabajando. En la sesión intervinieron también los portavoces de las dos asociaciones de estos enclaves ilegales, Fevema y Coave. Ambos insistieron en la necesidad de "buscar soluciones".

En cuanto al posible adelantamiento del proceso de legalización la concejala de Urbanismo, Patricia Ybarra, matizó las declaraciones que hizo el pasado miércoles el alcalde, Enrique Moresco, tras una reunión con los representantes de Coave y Flave.

La primera autoridad de la ciudad señaló que no era viable jurídicamente que la regularización de estos diseminados pudiera producirse antes de la aprobación definitiva del Plan General. Sin embargo, la edil de Urbanismo dijo ayer en pleno todo lo contrario puesto que el equipo redactor del PGOU, la empresa Territorio y ciudad, ha planteado la posibilidad de iniciar este procedimiento cuando se apruebe provisionalmente este documento. Es una propuesta que, de hecho, se ha barajado también en las reuniones que ha mantenido el Área de Urbanismo con la Junta de Andalucía.

La segunda de las cuestiones es la concesión de autorizaciones de luz y agua a las viviendas ilegales. Ybarra indicó que se ha desistido finalmente la posibilidad de elaborar un protocolo, tal y como era su intención inicial. El acceso a estos suministros se podrá hacer siempre y cuando se cumplan las determinaciones que marca la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA): estar construidas antes de la entrada en vigor de esta ley y no estar construida sobre suelo protegido. La tercera es que se analizará jurídicamente la viabilidad de paralizar las multas coercitivas impuestas a las viviendas que vayan a legalizarse. No obstante, esto no será una actuación generalizada sino que se actuará caso por caso.