El Puerto

El nuevo PGOU se beneficiará de unos cambios en la normativa

  • La Junta aprobó ayer un decreto por el que se reducen sensiblemente los trámites para su aprobación al no ser necesarios algunos informes · Estas modificaciones no afectarán al proceso de redacción

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La tramitación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad se verá modificada por un decreto aprobado ayer por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. El organismo autonómico ha cambiado las competencias de los distintos órganos que conforman la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, lo que influye en el proceso de aprobación de los planes generales. Según la Junta, esto servirá para "simplificar" sensiblemente los plazos de aprobación de los nuevos ordenamientos, lo que permitirá su entrada en vigor en un menor tiempo.

La principal novedad es que el nuevo ordenamiento de El Puerto no será aprobado definitivamente por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, órgano dependiente de la Delegación Provincial de Vivienda, sino que será competencia exclusiva del consejero, Juan Espadas.

Hasta ahora, el máximo titular de la Consejería debía dar el visto bueno definitivo a todos los ordenamientos de las ciudades de más de 100.000 habitantes. Con el decreto firmado ayer, sus competencias se ampliarán a los municipios de más de 75.000 habitantes (El Puerto cuenta ya con 85.117, según datos oficiales de 2007). Se justifica este cambio en adaptar la normativa autonómica a la nueva Ley de Grandes Ciudades, que establece este mínimo poblacional para los municipios con esta consideración.

Por tanto, y según las explicaciones dadas ayer por la Junta, el documento no pasará, siquiera, por la Delegación Provincial de Vivienda en Cádiz sino que irá directamente a la Consejería en Sevilla puesto que con el nuevo decreto se eliminan también algunos informes previos que antes eran necesarios.

Así, para los planes generales de las ciudades de más de 75.000 habitantes ya no serán obligatorios los informes previos de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo y del delegado provincial. Ya sólo bastará con el que haga el responsable de la Dirección General de Urbanismo de la Junta (un cargo que ocupa actualmente María Felicidad Montero) y con los dictámenes sectoriales (los que hacen las consejerías de Medio Ambiente y Cultura así como de otros organismos públicos).

Con este cambio el organismo autonómico pretende una mayor homogeneidad en la aplicación de la normativa. Todos estos cambios en el proceso de aprobación de los nuevos planes generales afectarán al proceso que debe seguir la Junta como es su aprobación definitiva y no en su redacción, una competencia que recae en los ayuntamientos. Según la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), la administración autonómica tiene seis meses de plazo para pronunciarse sobre un ordenamiento. Al haber menos informes, se estima que este tiempo se pueda reducir. Por tanto, son los ayuntamientos los que, en definitiva, deban correr realmente si quieren tener un nuevo planeamiento en vigor en el menor tiempo posible.

En el caso de El Puerto, las estimaciones del Consistorio son que el documento se pueda remitir a la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio a lo largo de 2010. Aún queda una importante tramitación por finalizar. Se acaba de iniciar ahora el plazo dado a Territorio y Ciudad, la empresa que lo está redactando, para que elabore el documento de aprobación provisional 2 del nuevo PGOU. Tiene nueve meses por delante para elaborarlo aunque desde el equipo de Gobierno se espera que esté realizado antes de las vacaciones de verano para su aprobación por parte del Pleno Municipal.

Una vez se haga este trámite, el documento deberá exponerse públicamente para la presentación de alegaciones. Y, tras esto, el equipo redactor tendrá que estudiar las propuestas realizadas para incluirlas en el planeamiento en el caso de que las considere factibles. Finalmente, el documento de aprobación provisional 3 volverá a ser ratificado por el Pleno de la Corporación para que pueda ser enviado finalmente a la Junta de Andalucía. La idea del equipo de Gobierno es que el nuevo ordenamiento pueda entrar en vigor antes de que acabe el actual mandato municipal (2011).

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