El nuevo gobierno andaluz del PP, en coalición con Ciudadanos y apoyados por Vox, ha aprobado recientemente un nuevo decreto de escolarización que se pondrá en vigor en la actual campaña de matriculaciones que ahora comienza. El decreto dice básicamente que:

1. Todas las familias podrán elegir en igualdad de condiciones si prefiere un centro público o privado, porque ahora en todas las zonas de escolarización, siempre que existan en la localidad, habrá un centro de cada modalidad que competirá en igualdad de condiciones, colocando a ambas, escuela pública y concertada, al mismo nivel.
2. En aquellas zonas donde no existan centros concertados, otro más cercano a la zona de influencia podrá adscribirse a dicha zona, por lo que se produce un trato de favor en beneficio de la concertada, ya que un mismo centro podrá estar presente en dos zonas simultáneamente.
3. Que para el curso 2021/2022, los centros concertados que tengan Bachillerato se adscribirán a un centro público de manera que el alumnado podrá pasar de uno a otro sin baremación de ninguna clase, siempre que se solicite en tiempo y forma.
4. A la hora de adjudicar nuevas líneas, se atenderá a la demanda social. Es decir, se concederán a aquellos centros públicos o privados sin distinción, atendiendo solo a los más solicitados.

Las consecuencias de este decreto para la escuela pública son devastadoras, ya que sus consecuencias más inmediatas serán incrementar la privatización d la enseñanza y con ello perpetuar el cierre de líneas en la red pública y su inevitable recorte en la plantilla del profesorado. La sentencia de muerte del servicio público de la educación está firmada.

Convencida de que la educación es un servicio público de primer orden que debe ser salvaguardada y protegida por el estado de derecho, responsable de garantizar la igualdad de oportunidades que ha de llevar necesariamente a corregir los desequilibrios sociales en la población, tengo algo que decir a todo esto:

1. El Estado tiene la obligación de repartir el dinero recaudado a través de los impuestos en garantizar una red pública de servicios que garanticen el mayor estado de confort posible, velando para que todos los derechos básicos y fundamentales, entre los que se encuentra LA EDUCACIÓN, lleguen a toda la población por igual. Los servicios públicos de calidad son los únicos que garantizan la igualdad de oportunidades, si de verdad se preocuparan de llegar a toda la población sin discriminaciones: la defensa de la escuela pública, «de tod@s y para tod@s» debería ser un valor democrático incuestionable.
2. El dinero público no debe ser usado para favorecer el negocio de la empresa privada, sujeta a criterios de mercantilización y beneficios que nada tienen que ver con los intereses de los servicios públicos que debe garantizar un Estado de derecho. Los servicios que favorecen el bien común, sobre todo uno de primer orden como es la educación, no son un negocio, por lo que es inadmisible desviar dinero público para mantener un negocio privado: El dinero público siempre y solo para lo público.
3. Únicamente cuando el Estado no dispone de recursos para llegar a toda la población estaría justificado utilizar los servicios de la empresa privada para llegar y dar cobertura allí donde no llega: Lo público y lo privado nunca pueden colocarse al mismo nivel, siendo lo público preferente y lo privado subsidiario o complementario.
4. En el ordenamiento jurídico del sistema educativo debería prevalecer siempre criterios de igualdad y equidad para hacer disminuir las brechas de desigualdad en la población. Sin embargo, el trato de favor que se ha ido dando en los últimos años a la educación concertada ha provocado una selección natural que ha dado como resultado un perfil de alumnado significativamente distinto, lo que da lugar a una segregación encubierta que, de no atajarse de manera urgente, acabará con el principio básico de equidad e igualdad de oportunidades del sistema educativo. Por eso la máxima prioridad de las administraciones políticas debería ser la inversión en servicios públicos.
5. Esta inercia de los últimos tiempos ha generado una realidad en la escuela pública que la discrimina y desfavorece al tener que asumir casi en exclusividad la integración de alumnado de clases y circunstancias desfavorecidas: Un tercio de los estudiantes de la pública (33%), provienen de entornos socioeconómicos humildes, mientras que en los privados y concertados, solo es el 7,5%. La presencia de alumnado inmigrante es del10% en la pública, frente al 4’9 en la concertada. Es un hecho constatado que en la concertada hay que pagar tasas que en ocasiones superan los cien euros y que las familias tienen que asumir el coste de los uniformes, lo que supone un hándicap para algunas familias, por lo que la concertada no está al alcance de todas, convirtiéndose en una opción que genera privilegios y desigualdad.
6. Este clima de clase selecto hace que en los centros concertados el aprendizaje sea más efectivo, por lo que aquellas familias que puedan, elegirán siempre este modelo buscando de manera comprensiva y legítima lo mejor para sus hijos e hijas, pero no nos engañemos, esto que llaman libertad de elección, en realidad es un privilegio pagado con dinero de todos en detrimento de la escuela pública que concentrará un mayor grado de conflictividad y complejidad en las aulas y que incrementará las razones para que cada vez menos familias la elijan como primera opción. Si damos alas a que esta realidad se consolide, estaremos firmando una sentencia de muerte para la escuela pública, que se encuentra ya en un estado alarmante de agonía provocado por quienes están llamados a salvarla pero que eligen condenarla a una educación «de segunda». Las administraciones públicas tienen la obligación de salvaguardar y proteger la calidad y dignidad que se merece la educación pública.
7. Por tanto, la tan aclamada libertad de elección, si lo que provoca es un modelo educativo desigual y segregador, no debe ser amparado por las administraciones públicas, máxime cuando la familia que quiera, ejerciendo su «libertad de elección», puede matricular a sus hijos e hijas en aquellos otros centros al margen de la red pública, si es que esta no le convence, eso sí, pagándola de su bolsillo. Incluso conviene no olvidar que, tal y como está establecido en el ordenamiento jurídico del sistema público educativo, se garantiza «la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones», pudiendo elegir las familias la formación religiosa que estimen conveniente, por lo que esta cuestión no es lo determinante.

El próximo miércoles 4 de marzo el profesorado está llamado a salir a la calle en defensa de la escuela pública, o lo que es lo mismo, en defensa de los derechos humanos, que en su artículo 1 dice: «Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos». Nunca deberíamos permitir que «vuestra libertad» sea «nuestra desigualdad».