Los inquilinos de la finca ubicada en la calle Cruces, 32, de El Puerto de Santa María, comenzarán a abandonar sus casas a partir de mañana, después de que el juez encargado del caso diese ayer la razón a la propietaria del inmueble, cuyo desalojo será efectivo el próximo 12 de febrero.

En declaraciones a Europa Press, la portavoz de IU en el Ayuntamiento portuense, Pepa Conde, puntualizó que los afectados «pueden recurrir, aunque todo eso es muy lento», por lo que, excepto una vecina que tenía un contrato indefinido, «seis familias irán a la calle» porque la propietaria del edificio, que «lo tenía alquilado en condiciones infrahumanas», decidió «no renovarles los contratos».

Conde señaló que el problema de este inmueble viene del anterior mandato municipal --cuando gobernaba Independientes Portuenses (IP)-- aunque el actual equipo de gobierno, del PP, «tampoco ha sabido dar respuesta» a estos vecinos, «sentando un precedente para otros propietarios» del casco histórico de la ciudad, ya que, a su juicio, la «actitud del Ayuntamiento, su falta de voluntad política, les da vía libre para hacer lo que les venga en gana».

En este sentido, la edil de IU recordó que, a lo largo del proceso, el Ayuntamiento requirió a la dueña del inmueble que arreglase la finca y ésta se negó y consideró que el Consistorio «podría haberlo hecho de manera subsidiaria» y, además, «poner condiciones a la propietaria por asumir el arreglo y haber evitado que estas familias, que no tienen posibilidades económicas, fuesen a la calle».

UNA SOLUCIÓN ANTES DEL 12-F

La portavoz de IU reclamó al equipo de gobierno «una solución», encontrando una vivienda para estas familias «antes del día 12 de febrero» y no descartó emprender «movilizaciones» porque el caso de esta finca «ha sido la crónica de una muerte anunciada, y el Ayuntamiento ha tenido tiempo de actuar».

Conde puntualizó que el inmueble de la calle Cruces no está «en estado de ruina», pero sí sufre las consecuencias de «un deterioro consciente» por parte de la dueña, a la que «no le importó alquilar con precios abusivos y en condiciones inhumanas».

Asimismo, añadió que «no es un caso aislado» en el casco histórico de la ciudad, que «precisa de una solución integral» en la que «deben participar otras administraciones», aunque no eximió al Ayuntamiento de su «deber de actuar en casos concretos para solventar problemas como este», aunque la política de vivienda y el derecho constitucional a acceder a una «no parece ser una de sus prioridades».

Por su parte, el concejal de Vivienda del Consistorio portuense, Antonio Jesús Ruiz, afirmó ayer que las familias desalojadas podrán entrar en el Parque Municipal de Vivienda, aunque reconoció que la solución no sería inmediata, ya que la demanda de pisos sociales es mayor que la oferta en la actualidad.