Un bloque de viviendas situado en el número 17 de la avenida Santa María del Mar se encuentra en la ilegalidad desde su construcción en 2005. Bajo la apariencia de ser un inmueble que albergaba apartamentos turísticos (bajo la denominación comercial 'Las terrazas de Valdelagrana') se edificó una promoción de viviendas que incumple flagrantemente la normativa urbanística de la zona y la Ley de turismo andaluz.

Su existencia ya fue denunciada por Izquierda Unida en 2006. Sin embargo, a día de hoy, el edificio sigue abierto aunque no funciona como establecimiento hotelero, sino que es un complejo de viviendas situado en un lugar privilegiado ya que se encuentra a escasos metros de la playa.

Los 49 apartamentos fueron promovidos por la empresa Coralte (la sociedad sevillana que también impulsó inicialmente el controvertido desarrollo urbanístico de la bodega de San José del Pino, en la antigua N-IV). De hecho, a día de hoy aún muestra en su página web información sobre esta promoción sin que en ningún apartado indique que es un establecimiento hotelero.

El grupo de viviendas se construyó sobre una parcela de 7.653 metros cuadrados que, según el plan parcial que determina el ordenamiento urbanístico de la zona (PP-VA-2), debía destinarse para usos comerciales. Tal y como marca la normativa al respecto, los suelos con esta catalogación pueden albergar también instalaciones dedicadas al hospedaje, pero se prohibe el residencial.

A pesar de que en su página web vendía la promoción residencial, la promotora logró que la Junta de Andalucía inscribiera las instalaciones en el registro de turismo de Andalucía, obligado para todos los establecimientos destinados para el alojamiento. Fue catalogado como apartamento turístico y se le concedió una llave (este tipo de establecimientos se rigen por esta categoría a diferencia de los hoteles o apartahoteles que son por estrellas).

Según se determina en la Ley de turismo andaluz, un apartamento turístico es un establecimiento destinado para el alojamiento y que es comercializado por un único titular. Esto último lo incumple flagrantemente el inmueble 'Las terrazas de Valdelagrana'. Ya en 2006, IU denunció que había apartamentos que se estaban vendiendo de forma independiente, lo que confirma que no hay un único propietario. Ayer, seguían siendo bien visibles los carteles de 'Se vende' en varios apartamentos (algunos de ellos a través de inmobiliarias). Es más, este medio ha tenido constancia de que uno de los propietarios ha solicitado al Ayuntamiento la legalización de una piscina que ha construido en su jardín.

Sin embargo, y por paradójico que parezca, en la puerta principal de los apartamentos todavía aparece el cartel distintivo de los apartamentos turísticos (con las siglas AT). Hace dos años, IU denunció los hechos ante la Junta, que abrió un expediente informativo. Este medio solicitó la pasada semana al organismo autonómico la resolución de este proceso, sin que haya aportado algún tipo de información hasta el momento. No obstante, IU, a través de un comunicado, anunció ayer que se le canceló la inscripción como establecimiento turístico. No obstante, no ha trascendido si se le impuso algún tipo de sanción económica o cualquier otro tipo de medida disciplinaria que establece la normativa turística andaluza (en ilegalidades de gran relevancia el asunto puede ser llevado a la Fiscalía).

Mientras tanto, fuentes municipales señalaron ayer, tras ser preguntados por este medio por este asunto, que el Ayuntamiento estudiará el expediente para comprobar la legalidad o no de las instalaciones. El edificio cuenta con una licencia de apertura como establecimiento hotelero concedida por el anterior Gobierno municipal de Independientes Portuenses (IP) que a día de hoy es nula ya que el edificio no cuenta con la preceptiva autorización de la Junta para este tipo de establecimientos (habría de abrirse un proceso de revisión de la autorización que debería acabar en su anulación). Y en el caso de que las viviendas contaran de forma individual con licencias de primera ocupación concedidas por parte del Ayuntamiento (las también llamadas cédulas de habitabilidad) serían también contrarias a la normativa por lo que se habrían concedido de manera fraudulenta. IU exigió ayer en un comunicado que tanto la Delegación Provincial de Turismo como el Ayuntamiento adopten medidas contra esta situación ya que, a su juicio, a día de hoy "la propiedad tiene las manos libres para actuar realizando las operaciones de venta que quiera si desde la Delegación de Turismo y el Área de Urbanismo no se toman las medidas oportunas".