En relación a las recientes declaraciones del presidente de la Federación Local de Asociaciones de Vecinos (Flave), en contra de la entrada de capital privado en la empresa de aguas, el gobierno municipal remitió ayer un comunicado en el que recuerda que con la operación "en ningún caso Apemsa dejará de ser de titularidad pública, ya que la mayoría de las acciones estarán en manos del Ayuntamiento".

PP y PA lamentan que el presidente de la Flave, José Rodríguez, "no haya querido hacerse eco de las explicaciones dadas por el propio gobierno" y le acusa de que "parece no haber querido escuchar que, desde el primer momento que se anunció la medida, se explicó bien claro que los ingresos generados por esta ampliación de capital repercutirán directamente en cubrir las necesidades de pago a proveedores y concesionarias, lo que repercutirá de forma directa en el pago de los salarios de los trabajadores de estas empresas que pagan servicios al Ayuntamiento, al igual que se destinarán a cubrir necesidades de gasto corriente".

Desde el gobierno municipal se entiende que José Rodríguez, "en su calidad de secretario local de Comisiones Obreras, estará plenamente de acuerdo con que el Ayuntamiento obtenga ingresos para destinarlos a ese fin". Por este motivo, el gobierno compuesto por PP y PA no ve lógico "que el señor Rodríguez pida el justo y necesario pago de unas obligaciones que tiene adquiridas el Ayuntamiento y, al mismo tiempo, se niegue a que se busquen fórmulas para recaudar el capital necesario para poder hacerlo. Quizás, la dualidad de ser presidente de la Flave y representante de CC.OO. le haga tener estos episodios de decir una cosa y lo contrario". En cuanto a las acusaciones del presidente de la Flave, sobre un supuesto acuerdo previo con alguna empresa, el gobierno local insta a Rodríguez a que "si tiene información al respecto, que lo haga público, y de no ser así, está realizando unas acusaciones falsas contra las que se podrían tomar las medidas legales que el Ayuntamiento considere en contra de las mismas". Este mismo requerimiento y advertencia va dirigido a la portavoz de Izquierda Unida, Pepa Conde, quien aseguró que una empresa catalana podría ser el socio tecnológico que el Ayuntamiento. Para PP y PA "una vez más Pepa Conde e e IU se intentan burlar de los ciudadanos al querer obviarles que este proceso de licitación está marcado por la Ley de Contratos de Estado y que se formará una mesa de contratación compuesta por técnicos municipales que se encargarán de velar por el cumplimiento íntegro de toda la normativa existente durante el proceso".