La anulación del PGOU de El Puerto ha puesto al descubierto la trama existente en Andalucía para aprobar planes urbanísticos sin cumplir con la legislación vigente. El artículo 47 de la Constitución tiene dos mandatos claros: el derecho de todos los españoles “a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”, y regular la utilización del suelo “de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”. Ni uno ni otro se han cumplido en Andalucía; todo lo contrario. Se ha convertido a la vivienda en un bien inaccesible, mero producto de inversión, y se han promovido planes urbanísticos con el único objetivo de reclasificar y revalorizar artificialmente grandes extensiones de suelo en beneficio de promotores… y políticos.

El PGOU de El Puerto, aprobado por el PP en el Ayuntamiento y por el PSOE en la Junta de Andalucía, es fiel ejemplo del urbanismo sobredimensionado y especulativo. Incluye la urbanización de más de 15 millones de m2, un aumento del 88% sobre el suelo urbano actual, y la construcción de 21.400 nuevas viviendas. Ecologistas en Acción advirtió en sus alegaciones de la absoluta desmesura de estas previsiones. Las desestimaron. Si el PGOU preveía para 2020 una población de 149.862 habitantes, la realidad es que actualmente es de 88.364; si se preveía un aumento de población de 58.900 habitantes en ocho años, El Puerto ha reducido su población en 704 habitantes.

"Este modelo de PGOU expansivo ha vulnerado sistemáticamente leyes y normas legales"

Este modelo de PGOU expansivo, sin base objetiva alguna en relación con las necesidades de viviendas y equipamientos, ha vulnerado sistemáticamente leyes y normas legales. El Texto Refundido de la Ley del Suelo de 2008 estableció claramente que sólo se puede reclasificar el suelo rural a suelo urbanizable preciso para satisfacer necesidades que lo justifiquen. La jurisprudencia ha abundado sobre la exigencia de motivación y justificación de los planes de urbanismo. El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) sólo permite reclasificar suelos y construir viviendas en el periodo de ocho años de ejecución de un PGOU sin superar la tendencia de los últimos diez años. Todo esto se obvió, también sucesivas sentencias judiciales. El TS ha reiterado “La prevalencia de los valores constitucionales de preservación y protección del medio ambiente sobre aquellos otros valores a los que sirve la planificación urbanística”. Los que tanto invocan a la Constitución, olvidan que el medio ambiente es un derecho constitucional, mientras que la especulación urbanística está expresamente proscrita en la misma.

En Andalucía se ha desarrollado una política urbanística que ha vulnerado Directivas Comunitarias, la legislación básica estatal y planes de ordenación del territorio que hubieran garantizado un desarrollo ajustado a las necesidades sociales y evitado la burbuja inmobiliaria y la posterior crisis. Esto ha sido la “República Especulativa de Andalucía”. Pero a nadie se le ha juzgado por sedición. Tan grave es vulnerar leyes como no reconocer responsabilidades. Parece que estos planes ilegales no los aprobó nadie, que no contaron con informes favorables técnicos y jurídicos.

Cuando comenzaron las anulaciones de PGOUs por falta de evaluación ambiental estratégica (EAE) y de justificación, Ecologistas en Acción propuso al anterior equipo de gobierno (PSOE-IU) que iniciara una revisión del PGOU con todas las garantías legales para tenerlo finalizado cuando llegara su previsible anulación; varias reuniones para nada. Lo dejaron pasar; que apenque el que venga detrás.

"La decisión de recurrir la sentencia ha contado con el incomprensible apoyo de la oposición, salvo la tímida abstención de Adelante El Puerto"

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de El Puerto ha decidido ahora recurrir al Tribunal Supremo (TS) la contundente sentencia del TSJA, y ha contado con el incompresible apoyo de la oposición, exceptuando la tímida abstención de Adelante El Puerto. El alcalde asegura que “tenemos argumentos suficientes para recurrir los tres motivos que recoge la sentencia: falta de integridad en el Plan General, falta de informe de sostenibilidad económica y falta de evaluación ambiental estratégica”. Los dos primeros son ya de por sí motivo suficiente para anular el PGOU. Sobre la falta de la EAE, invocan un antecedente del PGOU de Toledo, asegurando que el ayuntamiento ganó el recurso. Sencillamente falso. El acalde debería leerse la sentencia del TS que anuló el PGOU de Toledo por razones distintas a las de El Puerto, la del Tribunal Constitucional que anuló esa sentencia por un conflicto de competencias, y la posterior del TSJ de Castilla-La Mancha de 2017 que anuló definitivamente el PGOU. Nada que ver. También argumentan que hay un conflicto entre la normativa Comunitaria y la autonómica en lo referente a la EAE; ningún conflicto, la primacía de las Directivas Comunitarias es evidente e incuestionable por cualquier tribunal.

"Se pretende mantener una ficción de PGOU y perpetuar una situación de inestabilidad"

El PP y los demás grupos municipales no asumen la realidad, tan sólo pretenden mantener una ficción de PGOU para poder seguir tramitando planes urbanísticos y el proceso de regularización de las urbanizaciones ilegales. Ocultan que los planes de desarrollo -Planes parciales, Planes especiales, Estudios de detalle…- decaerán en cascada cuando la sentencia sea firme. Perpetúan así la situación de inestabilidad mientras pende el recurso ante el TS. ¿Quién asumirá entonces las responsabilidades del desastre anunciado?

Urge la elaboración de un nuevo PGOU que solucione los graves problemas de viviendas y equipamientos, potencie el casco histórico, proteja los grandes valores naturales e históricos del municipio y haga frente a las serias amenazas derivadas de la actual situación de Emergencia Climática. En definitiva, una ciudad para que todos vivan mejor. Ya vamos varios años tarde.