La Flave de El Puerto recurre al Defensor del Pueblo para participar en la ordenanza de terrazas

La junta directiva de la Federación Local de Asociaciones Vecinales (Flave) ‘Sol y Mar’ ha enviado un escrito al Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maetzu, para pedirle que respalde la participación de la federación en la redacción de la ordenanza municipal de regulación de terrazas y uso de suelos públicos, que se está cocinando en un ambiente de “opacidad informativa”, especialmente con organismos que no son afines al equipo de Gobierno.

Así, la federación denuncia y reclama, como entidad de pleno derecho, que Maetzu ampare los argumentos que se exponen en el escrito remitido y defienda la necesaria, obligada y justificada participación de la Flave “en un proceso vital para el ejercicio de una convivencia ciudadana plena”.

En primer lugar, la federación expone que en todo momento ha estado trabajando en una serie de precisiones y propuestas de manera conjunta con La Gaviota, entendiendo que la regulación del uso y ocupación del suelo público no puede reducir los derechos de los ciudadanos, y especialmente de aquellos que tienen problemas de movilidad reducida. Pero ha llegado a conocimiento de la misma que algunos organismos han sido citados para dar un paso más en la puesta en común de propuestas por parte del Consistorio, mientras que la Flave sigue esperando a ser convocada, temiendo que no sea así.

De hecho, señalan que “nuestra organización ha estado presente en un par de reuniones con técnicos municipales para comunicarnos que se está elaborando una normativa municipal para la regulación de terrazas en suelo público”, siendo esta información “todo lo que se ha podido conocer de este procedimiento, y entendiendo tener el derecho y la legitimidad demostrados para poder tener una información completa, detallada y puntual del proceso, y además poder ejercer el derecho a la participación en el debate de un problema de vital importancia para la convivencia ciudadana”.

En el escrito a Jesús Maetzu se explica que “en los últimos años hemos venido sufriendo un crecimiento desmesurado e incontrolable de las zonas de terrazas públicas que han proliferado y proliferan en un marco legal obsoleto y anticuado, que ha permitido y permite la instalación y ocupación aleatoria e incontrolada de zonas públicas, viales, plazas y calles, en detrimento y perjuicio de residentes y visitantes cuyo derecho a la libre circulación peatonal con unas mínimas garantías de seguridad, está gravemente amenazado”. La federación entiende que el hecho de que los casi 90.000 habitantes se conviertan en unos 200.000 en épocas puntuales como el verano, no son razón suficiente para que se permita esta situación.

Ante este hecho, “las autoridades públicas competentes en la materia autorizan la instalación de dichas terrazas en un proceso administrativo opaco y con criterios dudosos y aleatorios, que deriva en un caos de ocupación de espacios públicos sin orden ni concierto, abierto y permisivo con los abusos reiterados de muchos hosteleros que extienden sus terrazas anárquicamente y aumentan progresivamente el número de mesas, sillas y mobiliario, a capricho”, lo que conlleva que la ciudad se convierta en “un caos absoluto que no deja espacio de paseo y libre circulación para los propios portuenses”.

La Flave considera que “para garantizar que se cumplan las condiciones pactadas”, lo sensato es que el equipo de Gobierno realice “un control exhaustivo y riguroso de las instalaciones autorizadas, cosa que en esta ciudad brilla por su ausencia y contribuye al abuso por parte de muchos de los concesionarios”.

En consecuencia, la federación entiende que las autoridades locales deben de proceder a “abrir un debate con todos los agentes sociales implicados, que conduzca a la elaboración consensuada de una nueva reglamentación de uso de los espacios públicos”. La Flave, constituida legalmente desde 1978 como representante de las asociaciones vecinales, confirma estar “suficientemente legitimada para participar en dicho proceso desde su inicio, no solo para defender los derechos de la ciudadanía en dicha materia, sino también para aportar ideas, propuestas y alternativas, junto al resto de agentes sociales legalmente constituidos”.

Por otro lado, la federación incluye en este mismo escrito que hay una amplia base de publicaciones oficiales que han sido elaboradas en defensa de lo que se ha acabado conociendo como “derecho ciudadano a la ciudad”, en las que “se argumentan, defienden y reivindican ideas y principios con los que se identifica plenamente nuestra organización”. La Flave defiende “la participación desde sus inicios en cualquier proceso que las autoridades locales competentes implementen para regular y ordenar la concesión, instalación y explotación de terrazas sobre suelo público”.

La Flave sabe que el Defensor del Pueblo “tiene conocimiento de la ausencia de normativa y de la continuada dejación de responsabilidades por parte de las autoridades locales competentes, que le ha llevado a hacer pública una opinión, recomendación o llamada de atención razonadamente crítica con el tratamiento que el Ayuntamiento da al problema” y considera que “no se dan las garantías necesarias para la defensa de nuestros derechos como actor social representativo y legitimado, y ante la situación de marginación y ausencia en el mencionado proceso, que nos consta sigue en curso en un ambiente de opacidad informativa, nuestra valoración crítica y nuestra opinión es que el Ayuntamiento está aplicando la política de hechos consumados que ya ha demostrado con anterioridad, en otros temas y asuntos, de tal forma que nos tememos que cuando volvamos a ser convocados, si lo somos, sería para hacernos entrega de una normativa ya plenamente desarrollada y redactada sin haber podido participar, defender ni aportar nuestras ideas y criterios”.