La anulación a instancia de Ecologistas en Acción, por parte de la Junta de Gobierno Local, del Proyecto de Urbanización del Rancho Linares supone para este colectivo "un varapalo a la política seguida por el equipo de gobierno  y es un paso decisivo para enterrar definitivamente este proyecto especulativo y salvaguardar este magnífico bosque".

Según los ecologistas "el Ayuntamiento ha anunciado este acuerdo de anulación en una larga y farragosa nota de prensa con la que han pretendido enmascarar el acuerdo adoptado, que ni se menciona. La Junta de Gobierno Local no ha aprobado requerir a la empresa promotora ningún trámite, lo que ha aprobado es, previa expresa declaración de urgencia,  anular la aprobación definitiva del proyecto de urbanización Rancho Linares y estimar recurso potestativo de Ecologistas en Acción”, aclaran.

En el recurso presentado recientemente por la entidad se destacaba  que la aprobación del Proyecto de Urbanización "vulnera de forma absoluta todo el procedimiento preceptivo de evaluación de impacto ambiental (EIA). La obligación de someter los proyectos de urbanización al procedimiento de EIA está claramente explicitada tanto en la legislación urbanística como medioambiental. El equipo de Gobierno se la ha intentado saltar, aplicando la política de hechos consumado, pero ha fracasado", argumentan.

"En su nota de prensa el equipo de gobierno vuelve a justificar la modificación del PGOU aprobada en 2011 para declarar el Rancho Linares suelo residencial y permitir la construcción de 1.260 viviendas. Esta modificación se aprobó sin haberse sometido a la preceptiva Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), que era obligatoria para todos los planes aprobados a partir del 21 de julio de 2006. Esta es la razón por la que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha anulado el PGOU. Esta modificación del PGOU es manifiestamente nula y no se entiende que se pretenda justificar y darle validez", insisten los ecologistas.

Desde la entidad señalan que "ahora la promotora y el Ayuntamiento deberán comenzar desde el principio, sometiendo el proyecto a una auténtica EIA donde se debe demostrar la necesidad de esas 1.260 viviendas, analizar las alternativas de ubicación y que no provoca impactos ambientales. Muy difícil, por no decir imposible, será demostrar que esta ubicación es mejor que  La Florida, o que urbanizar el bosque con mayor biodiversidad del municipio no provoca impactos ambientales. Además, es obligatorio contar con la participación pública en la toma de decisiones. Nada de esto se ha hecho con este proyecto de urbanización, que ha pretendido ejecutarse por las bravas. Va a ser muy difícil que un procedimiento reglado de evaluación ambiental pueda avalar este proyecto urbanístico", explican.

Los ecologistas exigen además responsabilidades "a los responsables de esta lamentable trama para urbanizar el Rancho Linares: a la concejala de Urbanismo que ha estado defendiendo reiteradamente la legalidad del proyecto de urbanización y descalificando las advertencias de Ecologistas en Acción; al concejal del Área de Medio Ambiente, por su silencio y por aprobar un proyecto de alto impacto ambiental sin haberse sometido a EIA; al Jefe de Servicio de esta área, por informar favorablemente un proyecto sin EIA; y al alcalde, por mantener un silencio cómplice, como si el Rancho Linares no estuviera en El Puerto, pero aprobando todos los trámites ilegales para su urbanización".

Por su parte la promotora del proyecto, el Grupo Q, insiste a preguntas de este periódico en que "sólo se trata de un pequeño retraso originado por un mero trámite burocrático", asegurando que "el Proyecto sigue adelante. Recordamos que el boque no sólo se mantiene en su integridad, sino que se va a mejorar y se van a construir viviendas asequibles para jóvenes y familias con recurso limitados de El Puerto de Santa María", concluyen.