El Puerto

Las diligencias del Tribunal de Cuentas contra Suvipuerto y Serecop, próximas a archivarse

  • Califica, de manera provisional, que no hubo responsabilidad contable entre 1995 y 2000 en la venta de casas por debajo del precio y en la falta de actuaciones para evitar la prescripción del impuestos impagados

El Tribunal de Cuentas prosigue con las diligencias abiertas por la gestión de las empresas municipales entre 1995 y 2000 (la época de mayoría absoluta de Independientes Portuenses) tras haber detectado en su auditoría importantes irregularidades. Ahora se centra en determinar si hubo o no responsabilidad contable (realizar acciones contrarias a la ley menoscabando los recursos públicos) y en señalar a sus responsables para que, en el caso de que así se demuestre, tengan que hacer frente al perjuicio económico realizado. De ahí que en 2007 se abrieran cuatro diligencias, una por el Ayuntamiento y las otras tres por las empresas Suvipuerto, Serecop e Impulsa, ya que la Abogacía del Estado había detectado indicios de responsabilidad contable en algunas de sus actuaciones.

Finalmente, las del Ayuntamiento se archivaron mediante un auto de la sección de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas del pasado 14 de abril. En él se consideraba que las irregularidades no cumplían con los supuestos que marca la ley para incurrir en este tipo de infracción contable. Pero ahora, este periódico ha conocido de fuentes municipales que las abiertas contra Suvipuerto y Serecop pueden acabar archivadas igualmente en próximos meses.

En 2006, la Abogacía del Estado instaba a abrir el procedimiento de enjuiciamiento para "depurar la responsabilidad contable" en la gestión de Suvipuerto al vender promociones de viviendas durante esos años por debajo del precio autorizado por la Junta de Andalucía en sus certificaciones para que fueran de protección oficial. Según el Tribunal de Cuentas esto supuso un perjuicio económico para la sociedad de 475.722 euros en distintas promociones realizadas en El Tejar, Valdés y en el centro histórico, entre otras. Asimismo instaba a la investigación de los procesos de contratación que seguía la empresa ya que, según el tribunal, los aplicados provocaron que no pudiera obtener "economías" de al menos 538.886 euros.

En cuanto a Serecop, la Abogacía del Estado alertaba del perjuicio económico ocasionado a las arcas locales por no cobrar unos 6,7 millones de euros en concepto de impuestos municipales impagados cuyos derechos a hacerlo habrían prescrito.

Tras aprobarse definitivamente el informe de fiscalización de la gestión municipal en 2007, el Tribunal de Cuentas abrió un procedimiento de reintegro por alcance (esto se inicia cuando se detecta un saldo deudor injustificado en una cuenta pública) contra el Ayuntamiento y las empresas municipales. Éste es dirigido por un consejero de cuentas del Tribunal, en este caso por parte de Javier Medina Guijarro, perteneciente al departamento segundo de la sección de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas. Para ello se abre unas diligencias previas en las que también se nombra a un delegado instructor que debe señalar a los posibles responsables y practicar una liquidación provisional con el perjuicio económico.

Sin embargo, y tal y como apuntaron fuentes municipales, el delegado instructor tanto de las diligencias de Suvipuerto como de Serecop ha propuesto su archivo de forma provisional. Así aparece en sendas actas firmadas los pasados 26 de julio (concerniente a Serecop) y 28 de octubre (Suvipuerto) donde se apunta, entre otros motivos, que no se dan los supuestos previstos en la ley para que haya responsabilidad contable por alcance.

No obstante, la decisión no es definitiva puesto que el asunto debe ser valorado por el consejero de cuentas que tiene asignadas las diligencias. Ahora deberá decidir si continúa o con la tramitación aunque lo más probable es que se archive dada la conclusión del delegado instructor. Ya ocurrió con las del Ayuntamiento a pesar de haberse declarado injustificado por parte del Tribunal de Cuentas el pago de unos servicios a la concesionaria del CRA (Centro de Recursos Ambientales) de unos 40.000 euros y de unos 134.000 euros a la empresa que en aquellos años se encargaba de la vigilancia de los edificios municipales. Todo quedó, a efectos legales, en una mala gestión por parte de los anteriores gobernantes municipales sin que se depuraran más responsabilidades.

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