No será hasta el mes de marzo cuando se conozca el nuevo equipo redactor que reelaborará el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Ayer, el Pleno Municipal, con los votos en contra de la oposición, aprobó el pliego de condiciones que regirá el concurso con el que se elegirá. Una vez que se publique en los boletines oficiales pertinentes se iniciará el plazo para la presentación de ofertas. Una vez pasado los 50 días fijados para este trámite, se reunirá la mesa de contratación que baremará las propuestas presentadas y propondrá a una de las aspirantes, que deberá ser ratificada por el Pleno Municipal. Se estima, por tanto, que este proceso pueda durar entre dos y tres meses si no hay contratiempos.

La sesión plenaria de ayer sirvió para polarizar aún más las posturas en torno al nuevo Plan General. De un lado, PP, PA y el concejal Fernando Gago apuestan por reelaborar un nuevo documento teniendo como punto de partida lo salvable que queda del realizado durante el pasado mandato por IP y PSOE. El informe de incidencia territorial sobre el PGOU elaborado por la Junta de Andalucía confirmó la inviabilidad de este ordenamiento ya que supera los límites de crecimiento que fija el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA). Además, para el Gobierno Municipal es necesario un nuevo equipo ya que el que había hasta ahora, que estaba conformado por técnicos del Área de Urbanismo, había ido dimitiendo a lo largo del pasado mandato, salvo el director, Fernando Jiménez Fornell, que fue cesado por el nuevo Gobierno en vista de que ya no existía equipo como tal.

Mientras, IP y PSOE defendieron su trabajo en la elaboración del Plan alegando que cuando se aprobó de forma provisional no estaba aprobado el POTA. Además, coincidieron en afirmar que contratar un equipo externo es innecesario y un derroche.

A medio camino de estas posturas antagónicas se quedó IU, que coincidió con el Gobierno en que el Plan General realizado hasta ahora es inviable. Eso sí, ayer se posicionó en contra del pliego de condiciones por su disconformidad con el poco peso que tendrá la oferta económica en la valoración que se hagan de las empresas que aspiren al concurso (un 10 por ciento de la puntuación total). Además, considera demasiado elevado el gasto previsto para la contratación del nuevo equipo, que se estima en unos dos millones de euros.

La concejala de Urbanismo, Patricia Ybarra, indicó que el pliego de condiciones es en su mayor parte de carácter "técnico". Solamente ha habido tres aportaciones "políticas". La primera de ellas es que en el nuevo PGOU no se incluirá el Plan Especial de Protección del Casco Histórico (PEPCH). Este documento, elaborado en 1997, será actualizado próximamente para su entrada en vigor. La segunda de las aportaciones es la conformación de la mesa de contratación.

Y la tercera es el peso que tendrá la oferta económica en la baremación de las ofertas. Precisamente es el motivo que centró las críticas de la oposición. Lo que más pesará (un 40 por ciento de la baremación) será la experiencia profesional de la empresa aspirante. Mientras, la oferta económica apenas será de un 10 por ciento de la puntuación global. Julio Acale (IU) alertó de que esta baja puntuación pueda provocar que se elija la oferta "más cara", tal y como ocurrió con la adjudicación del servicio de recogida de basuras.

Mientras Joaquín Corredera (PSOE) apuntó que la Intervención Municipal emitió un informe donde muestra sus dudas por la baja baremación de la oferta económica. Ybarra contestó que se determinó ese porcentaje ya que así lo estimaban idóneo tanto la Secretaría Municipal como el Servicio de Planeamiento del Área de Urbanismo, que junto con Intervención Municipal han sido los artífices del pliego de condiciones.

Mientras Juan Gómez (IP) centró su intervención en el trabajo elaborado por su grupo durante el pasado mandato reiterando que el nuevo ordenamiento sería viable de no ser por la entrada en vigor del POTA, recordando que éste se aprobó con posterioridad a que el Pleno Municipal le diera el visto bueno al documento de aprobación provisional 1 del nuevo Plan General.

El pliego de condiciones establece que el nuevo equipo redactor deberá elaborar el nuevo Plan General en un plazo de entre tres y cuatro años (con la aprobación definitiva por parte de la Junta de Andalucía, incluida).