La concejala de Urbanismo, Patricia Ybarra, reconoció ayer que las viviendas ilegales que serán regularizadas tendrán que afrontar un coste menor en la ejecución de la urbanización de los diseminados en comparación con los nuevos desarrollos previstos en suelo urbanizable, tal y como ha denunciado el Colegio de Arquitectos. No obstante, lo justificó alegando que es mayor el "beneficio" que obtendrán los promotores de estos suelos en lugar de aquellos propietarios que regulen su situación con la entrada en vigor del nuevo ordenamiento.

Este medio publicó el pasado miércoles que el Colegio de Arquitectos de Cádiz había presentado una serie de alegaciones al documento de aprobación provisional 2 del nuevo ordenamiento. Entre las reclamaciones principales se encuentra la del reparto de cargas y beneficios planteado. Para esta institución, según apuntó su presidente, Ramón Pico, se está produciendo un "agravio terrible" ya que "se prima" a los propietarios de viviendas ilegales. El nuevo PGOU incluye un estudio económico donde se hace una primera valoración sobre estos costes. Así se estima que la urbanización interior de cada uno de los diseminados pueda rondar los 20 euros por metro cuadrado bruto. Sin embargo, para los promotores en suelo urbanizable el coste ascendería a 35 euros. No obstante, estos no son los únicos gastos sino que también deberán asumir los correspondientes al sistema viario, los espacios libres y dotacionales, aunque en este caso no se hace distinción entre las distintas categorías de suelo. La edil apuntó que se han ajustado "al mínimo" las cargas que tendrán que afrontar los núcleos ilegales. "Esperemos que luego los propietarios nos vengan a decir que no", agregó.