Cerca de un año y medio ha transcurrido ya desde que en marzo de 2013 se aprobara en pleno, de forma inicial, la ordenanza municipal de tráfico, cuya misión será entre otras cosas regular el funcionamiento de las cámaras de vigilancia instaladas en 2010 y que desde entonces están sin uso.

La instalación de cámaras costó 100.000 euros que se sufragaron con cargo al Fondo de Inversión Local puesto en marcha por el gobierno socialista de Zapatero, un programa para el que los ayuntamientos tuvieron que presentar proyectos en tiempo récord a riesgo de perder las subvenciones, aunque luego el tiempo ha demostrado que las prisas no son buenas consejeras.

En este caso, la instalación de las cámaras se llevó a cabo en un plazo de cuatro meses, a cargo de la empresa Suralmaq, y desde entonces han permanecido en desuso, hasta hoy. También con presteza se instalaron en los diferentes enclaves donde se ubican las cámaras distintos carteles que advertían de su presencia, aunque en realidad en estos cuatro años nunca han llegado a funcionar.

Las cámaras se sitúan en lugares preferentemente peatonales como la avenida de la Bajamar, la plaza de España, la calle Pagador o Misericordia, y también en Nevería y Ribera del Río.

El desarrollo de la ordenanza que regula el uso de las cámaras y otros asuntos relacionados con el tráfico en el centro de la ciudad ha pasado por varias manos. En un principio la voz cantante la llevó la Concejalía de Mantenimiento Urbano, aunque posteriormente el asunto pasó a ser liderado por la Concejalía de Policía Local, hasta que finalmente, mediante un decreto de competencias firmado por el ex-alcalde Enrique Moresco, quedó claro que la ordenanza quedaría definitivamente en manos de Mantenimiento Urbano.

El documento, de la mano del concejal Carlos Coronado, llegó a pasar por Pleno en marzo de 2013 para su aprobación inicial, siendo entonces un asunto en el que el anterior regidor municipal tenía un gran interés, aunque al parecer ahora su sucesor, Alfonso Candón, no lo considera una prioridad, a juzgar por el retraso que acumula su aprobación definitiva. Hay que tener en cuenta que la aplicación de esta ordenanza y la entrada en funcionamiento resultaría una medida bastante impopular, ya que sin duda aumentaría el control sobre las infracciones que se cometen a diario en el casco antiguo como el aparcamiento momentáneo sobre las aceras o el acceso por calles reservadas, en teoría, para peatones o residentes con garajes. Ya en estos momentos esas infracciones provocan la imposición de numerosas multas, aunque solo en el caso de que algún agente de la Policía Local pille 'in fraganti' al conductor, mientras que con las cámaras la sanción sería automática.

No se sabe si finalmente las cámaras funcionarán algún día, pero si no lo hacen sería una lástima pensar en el tiempo perdido y en los recursos utilizados.