El Puerto

Los asuntos por urgencia y los temas económicos protagonizan el pleno

  • Las empresas municipales celebraron sus juntas generales

  • La sesión abordó la renuncia del socialista Ángel Quintana

  • Unanimidad a la hora de mejorar los pagos a los colectivos

Una imagen del pleno municipal celebrado en la tarde de ayer en el Ayuntamiento de la plaza de Isaac Peral. Una imagen del pleno municipal celebrado en la tarde de ayer en el Ayuntamiento de la plaza de Isaac Peral.

Una imagen del pleno municipal celebrado en la tarde de ayer en el Ayuntamiento de la plaza de Isaac Peral. / andrés mora

El último pleno ordinario antes de las vacaciones de verano estuvo protagonizado, a grandes rasgos, por los asuntos que entraron en la sesión por vía de urgencia y por las modificaciones presupuestarias y del Plan de Ajuste, una consecuencia de la falta de presupuestos municipales a estas alturas del año.

Antes de la sesión se celebraron las juntas generales de las tres empresas municipales (El Puerto Global, Impulsa El Puerto y Suvipuerto). La única de ellas que ha tenido beneficios en 2017 ha sido la de Suelo y Vivienda, si bien es verdad que han sido unos beneficios pírricos.

El estado de la limpieza viaria fue otro de los asuntos que salió a relucir en la sesión

En el caso de El Puerto Global, las pérdidas se han cifrado en unos 37.200 euros. Se nombró como nuevos consejeros de la sociedad a Trinidad Domínguez Cano y Jesús Yesa Herrera. En la cuestión el PP planteó la readmisión del antiguo gerente, Rafael Serrano, que ha ganado el recurso presentado en su día tras su despido.

Por lo que respecta a la empresa Impulsa El Puerto, María José Marín seguirá siendo consejera pero se suma al Consejo de Administración Javier Botella.

En cuanto a Suvipuerto, la portavoz de Ciudadanos cuestionó la necesidad de esta empresa municipal y lamentó la elevada morosidad de los inquilinos del parque de viviendas que gestiona la empresa. Como nuevos consejeros, tomaron posesión de sus cargos Manuel Enríquez y Cayetano Cárdenas.

Tras las juntas generales dio comienzo el pleno de julio, con pocos asuntos en el orden del día.

Entre otras cosas se aprobaron las cuentas de Apemsa de 2017 y se designó a la empresa Deloitte como auditora.

La oposición, especialmente Ciudadanos, criticó el abuso de las cuestiones de urgencia que se trataron en la sesión, entre ellas alguna de carácter económico como el respaldo municipal para solicitar la subvención del 1,5% cultural que concede cada año el gobierno central.

También por urgencia, aunque en este caso sí estaba justificada, se abordó la toma de razón de la renuncia del socialista Ángel Quintana como concejal, lo que daba vía libre a la tramitación del acta de su sucesor, que será Modesto Serrano.

Varios asuntos económicos como dos modificaciones del plan de ajuste fueron aprobadas, para acometer diversos gastos necesarios para la gestión municipal.

Tras la primera parte del pleno accedieron al salón de plenos miembros del Foro Social, con carteles en los que se podían leer consignas contra el equipo de gobierno.

La propuesta popular para la mejora del mantenimiento urbano en zonas como los Altos de la Bahía o la Cañada del Verdugo sirvió de puente también para que se hablara en la sesión del estado de la limpieza urbana, tras las quejas hechas públicas esta misma semana por los trabajadores de la plantilla, que denuncian que la reorganización del servicio no está dando los frutos deseados.

Uno de los asuntos que generó más debate, aunque finalmente se aprobó por unanimidad, fue el de la concesión de subvenciones a colectivos ciudadanos. La propuesta de Levantemos, defendida por Rocío Luque, pedía que se mejoraran los plazos para la tramitación y pago de estas subvenciones. Previamente intervino una responsable de la Asociación de Parkinson, entidad que ha tenido problemas con estos cobros, al igual que ha ocurrido con otras como Anydes o El Caminar.

Finalmente, tras la modificación de la propuesta a petición de Antonio Fernández (IU), la misma se aprobó con el apoyo de todos los grupos para que las entidades puedan cobrar sus ayudas en un tiempo razonable, con margen además para justificar sus gastos.

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