Hace año y medio, Celia Arias comenzó a vivir un particular calvario. Nacida en Perú hace 42 años, con nacionalidad española desde 2001, Celia sobrevive actualmente con un locutorio situado en la avenida de la Libertad, con el que mantiene a duras penas a su hijo, español de nacimiento, de tres años.

Los problemas surgieron cuando su marido, peruano sin papeles, fue detenido por malos tratos y, posteriormente, expulsado del país. Él era quien sustentaba la familia hasta aquel momento, y desde entonces, Celia, sin trabajo, tuvo que "mendigar" durante unos tres meses para poder sobrevivir. Y eso que es licenciada en Agronomía; lo que pasa es que, como ocurre con muchísimos sudamericanos que emigran, sus títulos universitarios no están homologados en España.

Por aquel entonces, a comienzos de 2007, viendo la difícil situación que tendría que atravesar, Celia se dispuso a buscar ayuda en las administraciones.

Por un lado, en Bienestar Social del Ayuntamiento, según la afectada, le explicaban que podría acudir con su hijo a una casa de acogida. Pero ella no lo vio adecuado para el pequeño, "porque tendría que sacarlo de su entorno". Luego, en el Servicio Andaluz de Empleo se le mostró un halo de esperanza: ayudas al autoempleo para mujeres víctimas de los malos tratos. Es decir, le explicaron todos los trámites que debía seguir para crear su propia empresa, y se le concedió un microcrédito de 12.000 euros.

En marzo de 2007 abrió la tienda que ahora regenta, en la que comenzó vendiendo golosinas y otros desavíos. Pudo comprar dos ordenadores y, posteriormente, le prestaron otros dos, para ampliar el servicio de acceso a internet público en su establecimiento.

Trabaja sola, mañana y tarde, de lunes a domingo, festivos incluidos para "sobrevivir y sacar a mi hijo adelante". Sin embargo, los costes del alquiler, luz, piso, teléfono, seguridad social, le dejan una miseria para vivir. Además, tiene que devolver el préstamo, aunque le queden seis años para liquidarlo, del cual no puede coger ni un duro para comer, porque todo lo tiene que facturar. Por eso, sigue buscando ayudas económicas por donde puede. "He presentado solicitudes en todas partes y no he recibido nada. Me dijeron que en el Instituto Andaluz de la Mujer me podrían ayudar para comprar más ordenadores, pero no ha sido así", lamenta Celia.

Una vez en marcha su negocio, volvió a recurrir a los servicios sociales, pero allí confirman que, mientras reciba algún tipo de ingresos, no puede recibir ayudas; ni del Instituto de la Mujer, ni del Ayuntamiento. Por eso, como dice Celia, "si lo hubiera sabido, no habría abierto negocio". Mientras, solo tiene algunas amigas y vecinas que le echan una mano de vez en cuando con su hijo, que cuando no está en clase, pasa la mayor parte del día en el locutorio. Últimamente ha conseguido una compañera de piso para ahorrar en el alquiler, pero aún así, la situación sigue siendo insoportable. Y le duele que, siendo española, al igual que su hijo, otros inmigrantes sí reciben ayudas, sin legalizar su situación, y que luego "veo cómo se lo gastan en alcohol y en llamadas telefónicas a su tierra". "La justicia, lamentablemente es así", sentencia Celia.