La concejala de Urbanismo, Patricia Ybarra, ha confirmado a Independientes Portuenses que la vivienda donde reside el concejal de Turismo, Fernando Gago (antiguo edil de esta formación), contraviene en un aspecto la normativa urbanística. El inmueble, ubicado en La Caridad, tiene tres plantas cuando el máximo permitido en la zona es de dos.

Esta formación hizo una pregunta en pleno meses atrás respecto a esta circunstancia. Ayer el edil José Peinado Matiola hizo pública la respuesta. En ella, la edil de Urbanismo apunta que la vivienda puede ser legalizable. En cambio, en cuanto a la tercera planta del inmueble indica que "es probable que deba adaptarse a la ordenación que se haga en la zona". Eso sí, la edil evita en el escrito hablar de ilegalidades aunque afirma tajante que la casa no puede albergar esta tercera planta.

La vivienda es propiedad de la esposa de Fernando Gago. El chalé se encuentra en La Caridad, un diseminado que no ha podido ser regularizado ya que hay viviendas que tienen ocupadas parte de la cañada del Verdugo, lo que impide que se haya podido aprobar el proyecto de reparcelación de la zona, trámite necesario para su regularización. La edil de Urbanismo le explica a IP que esta legalización "está retrasada" por esta circunstancia.

En cuanto a la posible legalización de la vivienda, Ybarra le explica que sí es posible "como en el resto de viviendas construidas al margen de la legalidad". Eso sí, le apunta que ésta se encuentra en la misma circunstancia que muchas del término municipal "como bien sabe el partido que gobernaba en la ciudad en anteriores mandatos corporativos y que tanto favoreció esta proliferación de viviendas incompatibles con la ordenación urbanística establecida en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía".

José Peinado Matiola acusó a la concejala de "marear la perdiz" y de no responder a algunas de las preguntas que le hizo en meses pasados. Entre ellas se encuentra si tomará medidas para restablecer la legalidad en la vivienda. Al respecto, la respuesta de la edil es: "Las mismas que marcan las leyes urbanísticas vigentes, es decir, todas aquellas que no aplicó el anterior equipo de Gobierno".

La tercera planta, además de incumplir la normativa urbanística, se construyó sin licencia municipal. Pero los trabajos se realizaron en 2002, por lo que el delito habría prescrito (el plazo fijado es de cuatro años). En cuanto a la posible legalización, la concejala de Urbanismo indica en la respuesta que la propietaria de la vivienda "podrá alegar en el momento oportuno lo que considere conforme a los derechos que pueda tener consolidados", aunque insiste en que es posible que deba "rebajar" una de las alturas, al menos.