Para Ecologistas en Acción “la más que previsible anulación del PGOU de El Puerto abre una situación de total incertidumbre para miles de familias y un grave perjuicio para la economía del municipio. Urge la elaboración de un nuevo PGOU que solucione los graves problemas de viviendas y equipamientos existente, y proteja los grandes valores naturales e históricos del municipio”.

Desde este colectivo recuerdan que “la larguísima tramitación del PGOU se debió a los continuos cambios que iba introduciendo el gobierno de IP, con Hernán Díaz y su séquito de concejales de Urbanismo. Hasta 25 convenios urbanísticos firmó el Ayuntamiento con otros tantos promotores, con el compromiso de recalificar terrenos no urbanizables, adquiridos a bajo coste, dando como resultado un modelo de ciudad sobredimensionada, dispersa y que iba a provocar graves impactos ambientales. Al final, el PGOU se aprobó, pese a su tramitación fraudulenta, con la complicidad de la Junta de Andalucía”, denuncian.

Para los ecologistas “la sentencia del TSJA que anula el PGOU era totalmente previsible, ya que el plan no se había sometido al preceptivo procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE)”. Ecologistas en Acción instó al anterior equipo de gobierno (PSOE-IU) a iniciar su revisión, adaptándolo a las necesidades reales del municipio y sometiéndolo a la preceptiva EAE para garantizar su viabilidad. “Se limitaron a hacer una consulta a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, cuyo delegado territorial, Ángel Acuña, certificó que el PGOU de El Puerto se había sometido a EAE, lo que es manifiestamente falso, y así lo confirma la sentencia judicial”, lamentan. De suma importancia considera el colectivo la referencia que hace el TSJA sobre “la prevalencia de los valores constitucionales de preservación y protección del medio ambiente sobre aquellos otros valores a los que sirve la planificación urbanística”.

Ecologistas en Acción lamenta “los seis años perdidos desde que se aprobó un PGOU condenado a la anulación, debido a la complacencia y cobardía de los gobiernos del PP y PSOE-IU, que han preferido seguir aprobando proyectos de urbanización y tramitar la regularización de miles de viviendas ilegales por motivos electoralistas, a sabiendas de que todo esto estallaría tarde o temprano”. El colectivo espera que el Ayuntamiento no recurra la sentencia ante el TS, “pues supondría dos años más de demora en la tramitación de un nuevo PGOU, un recurso que estaría condenado al fracaso”, afirman.

También consideran que “ante una perspectiva de disminución de la población, El Puerto tiene la opción, mientras se tramita un nuevo PGOU, de desarrollar el de 1992, que vuelve a estar vigente. El suelo urbanizable pendiente es más que suficiente. Sólo en La Florida se pueden construir ya 3.360 viviendas, y en Las Marías otras 819. Y no hay problemas legales para desarrollarlos, y mientras tanto hay que ir diseñando un nuevo PGOU, con todas las garantías legales y adaptado a las necesidades reales de la ciudadanía”, insisten.