El pleno municipal del mes de abril ha dado luz verde al nuevo Plan Municipal de Inspección Urbanística, aprobado de forma inicial, un documento que según el edil de Urbanismo, Ángel Quintana, "servirá para optimizar recursos y reorganizar esta labor obligatoria para los ayuntamientos según la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), así como terminar con los vaivenes en la gestión de etapas anteriores".

El Plan General de Ordenación Urbana daba una moratoria de dos años desde su aprobación para que la ciudad tuviese un Plan de Inspección al que obliga la ley. Ahora, tras casi un año de trabajo, el área urbanística ha elaborado un plan orientado a defender los derechos de los ciudadanos, velar por el desarrollo urbano racional, respetuoso con los planes generales y que facilite "un desarrollo sostenido y sostenible de El Puerto, en relación a un equilibrio con su entorno natural y su propio ecosistema", señala el concejal.

Este nuevo documento, que tiene una programación de cuatro años revisable anualmente, cuenta además con garantías reales de control ciudadano, gracias a un nuevo órgano de participación que se reunirá periódicamente como comisión de seguimiento. En él, la ciudadanía podrá llevar sus inquietudes a través de los partidos políticos, asociaciones sectoriales, ciudadanas y de índole ecologista en favor de una mayor transparencia.

El reglamento busca reforzar las áreas de desarrollo indicadas en el PGOU, incentivar las organizaciones ciudadanas y conformar juntas de compensación previas a las regularizaciones, impulsar éstas con una redacción paralela y consensuada de la nueva ordenanza de las ARGs. Pero sobre todo, lo que pretende según Quintana es "dar la máxima seguridad jurídica a la incoación, desarrollo y resolución de los expedientes disciplinarios, dotando a estos procesos de una normativa que garantice la objetividad y no la arbitrariedad de la acción de este Ayuntamiento en la materia, definiendo los procedimientos de denuncia, la consideración del agente de la autoridad, las competencias de los inspectores, las actas, las estructuras de los informes, los registros, las instrucciones y un largo etcétera de medidas orientadas a proteger a la ciudadanía". El documento debe someterse ahora a información pública para la posible presentación de alegaciones antes de su aprobación final.