La propuesta realizada por parte de la cooperativa adjudicataria de dos de los solares municipales de Caja de Aguas, cuya venta antes de final de año ayudaría a cerrar en positivo el ejercicio de este año de la empresa municipal Suvipuerto, no parece en principio fácil de atender, ya que si tal y como han solicitado se les eximiera de construir las plazas de garaje estipuladas dentro de las manzanas a urbanizar, se estarían incumpliendo tanto las directrices del PGOU como las del Plan de Movilidad.

Fuentes de la Concejalía de Urbanismo consultadas por este periódico han asegurado que si bien no se ha tomado todavía una decisión al respecto, la primera consulta realizada por parte de la cooperativa al área de Licencias se respondió negativamente, mientras que ahora, y ante la urgencia de tratar de salvar el ejercicio de Suvipuerto, el asunto se está revisando por parte de una comisión en la que participan técnicos de Planeamiento, Asesoría Jurídica y Licencias, que están estudiando un informe jurídico que ha presentado la propia cooperativa al respecto.

La adjudicataria de los terrenos, Viviendas de El Puerto de Santa María, tiene interés en construir viviendas protegidas en las dos fincas municipales de Caja de Aguas, pero la obligación de construir garajes hace que no les salgan las cuentas, por lo que están tratando de obtener luz verde para que estas promociones se puedan desarrollar sin este requisito. El problema, según las fuentes consultadas, es que el Ayuntamiento no puede alterar arbitrariamente los planes y directrices que él mismo se ha marcado para que la ciudad crezca de forma ordenada en virtud del nuevo planeamiento urbanístico.

Por otro lado, y con respecto al futuro de Suvipuerto, los trabajadores de la empresa emitieron ayer un comunicado a través del cual piden, entre otras cosas, tener acceso al informe que emitirá en unos días la Concejalía de Urbanismo.

La plantilla lamenta que hasta la fecha no se hayan puesto en marcha algunas soluciones que podrían haber evitado la insolvencia de Suvipuerto, como la gestión del Registro de Solares, la gestión de las Emas, la elaboración de un plan municipal de Vivienda o la elaboración de certificados energéticos para los edificios municipales.

En cuanto a la petición de colaboración por parte de la concejala de Economía y Hacienda, Mariola Tocino, los trabajadores de Suvipuerto consideran que "llega tarde y se pretende que nosotros carguemos ahora, en el mes de diciembre y en el plazo de una semana, con el trabajo que nosotros esperábamos del consultor contratado y el equipo de gobierno". También proponen la creación de una mesa de trabajo en la que participen los grupos políticos, Secretaría, Intervención, grupos municipales y el alcalde, Alfonso Candón, con quien ya han solicitado una cita.

Finalmente, con respecto a los 50.000 euros que el área de Economía y Hacienda ha estado librando mensualmente paran el pago de las nóminas de Suvipuerto, los trabajadores así lo reconocen, pero recuerdan que el Ayuntamiento mantenía previamente deudas con Suvipuerto a causa, por ejemplo, de un anticipo de dos millones de euros que aportó la empresa para las expropiaciones realizadas en Santa Clara.

Por otro lado, el portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida, Antonio Fernández, se reunió ayer con la plantilla para analizar la situación de la empresa y las opciones de futuro. Para Fernández "se está tratando de hacer partícipes a oposición y trabajadores del posible cierre de Suvipuerto" y señala que "nosotros vamos a aportar ideas, pero no se nos puede exigir aportar medidas de viabilidad a contra reloj en menos de 20 días, cuando el equipo de gobierno, responsable de la gestión, ha sido incapaz de encontrar una solución y encargó hace varios meses un informe que nos ha costado a los portuenses 60.000 euros", dijo.