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Pleno Ordinario Municipal

El Pleno aprueba la moción de Unión Portuense para buscar nuevas fórmulas de financiación local

  • El grupo municipal de Javier Botella quiere que la ciudad recibe una contraprestación por el coste que supone la población reclusa de las cárceles

Javier Botella, portavoz de Unión Portuense

Javier Botella, portavoz de Unión Portuense / Andrés Mora Perles

El grupo municipal Unión Portuense, cuyo portavoz es Javier Botella, elevó al pleno de este miércoles una propuesta para conseguir una mayor financiación por parte de las administraciones supramunicipales en base a un estudio fundamentado sobre la repercusión que supone a la ciudad tener tres centros penitenciarios en nuestro municipio. La moción fue aprobada por unanimidad de todos los grupos políticos.

Unión Portuense lo explica manifestando que "existen en España un total de 69 municipios con centros penitenciarios, y que uno de dichos municipios es El Puerto de, que alberga 3 centros penitenciarios: Puerto I, Puerto II y Puerto III, con una horquilla de internos que oscila entre las 2.000 y 3.000 personas.

En el pasado, algunos ayuntamientos intentaron empadronar de oficio a la población reclusa dentro de su padrón municipal, ya que al tener mayor población por lo general se adquieren mayores recursos económicos. Esta posibilidad quedó desarticulada por completo, ya que el INE entiende que la cárcel no se puede considerar una «residencia elegida», sino forzosa, y además hay presos «que tienen mucha movilidad» y cambian cada poco tiempo de penal.

Por ello, aunque esta posibilidad fue inhabilitada, en Unión Portuense creemos que hay que buscar nuevas alternativas que hagan justicia con esta realidad. Aunque la población reclusa no se encuentra de manera voluntaria en nuestro municipio, los centros penitenciarios sí que reciben una contraprestación por parte de los recursos de nuestro municipio a través de una gran cantidad de variables indirectas como la exención de impuestos, entre ellos el pago del IBI o algunas de manera directa como es entre otras, o el transporte público. Por ejemplo, la línea encargada de realizar la ruta a las prisiones de El Puerto (L.23 Servicio Inst. Penitenciario) tiene un coste de 18.804 euros anuales.

En este sentido, Unión Portuense recuerda la importancia que tiene la Participación de las Haciendas Locales en los Tributos del Estado (PIE) y la Participación en los Tributos de la Comunidad Autónoma (PATRICA) para la financiación de nuestro municipio, los cuales dejan en nuestras arcas unos ingresos de casi 25 millones de euros anuales. "Para que nos sirva de simple orientación, si El Puerto recibe 24 millones por tener 88.703 habitantes, por 2500 habitantes más, media que puede tener los centros penitenciarios situados en nuestra ciudad, deberíamos recibir en torno a 688.954 euros más", apunta Unión Portuense.

El portavoz de Unión Portuense, Javier Botella, comenta al respecto que “la PIE y la PATRICA intentan devolver a los municipios un porcentaje de los impuestos recaudados, y este porcentaje no lo basan en el consumo o recaudación real, sino en porcentajes relativos a la población existente. Como la población reclusa no suma, "entendemos por justicia que de alguna manera se compense económicamente a nuestro municipio por el hecho de albergar tres centros penitenciarios, ya sea a través de la PIE o de la PATRICA, o solicitando algún tratamiento diferencial como sucede en Cataluña, donde los municipios que acogen cárceles, perciben una contraprestación para el desarrollo de estas localidades, desembolsado la comunidad autónoma lo correspondiente a el impuesto de bienes inmuebles (IBI), del que los equipamientos penitenciarios están exentos por ley".

Por ello, Unión Portuense instó al gobierno municipal a que se coordine con los municipios que alberguen centros penitenciarios en Andalucía, "con la intención de promover una modificación de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, para que ajuste los cálculos de la PIE y la PATRICA, teniendo en cuenta la población reclusa y solicitar a la Junta de Andalucía, al Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Justicia una contraprestación económica por el hecho de albergar tres centros penitenciarios", propuesta que fue avalada en la sesión plenaria por toda la Corporación Municipal.

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