El portavoz de Unión Portuense, Javier Botella, defenderá en el pleno de este miércoles una moción en la que solicita al gobierno municipal la redacción de un Plan de Contingencia ante el riesgo de tsunamis.

El concejal de la formación municipalista ya presentó el pasado mes de enero otra propuesta para la redacción de un nuevo Plan De Emergencias Municipal (PEM), al estar el actual  totalmente desactualizado, ya que data de 1997.

Desde Unión Portuense entienden que, al encontrarse El Puerto  en una zona de riesgo moderado de tsunamis, este asunto debe ser tratado de forma específica y separada del futuro Plan de Emergencias  que ya se propuso. Así lo entiende también tanto la comunidad científica (destacando el trabajo de las  universidades de Cádiz y Málaga), como la Junta de Andalucía, con la redacción del Plan de actuación ante el riesgo de tsunamis y la administración central con la puesta en funcionamiento del sistema de alerta temprana el pasado mes de marzo.

Es el turno ahora de las  entidades locales con posibilidad de verse afectadas de elaborar planes junto a Protección Civil y que, además, se cuente con el asesoramiento de la comunidad científica para la elaboración de un mapa de zonas inundables, vías de evacuación, establecimiento de localizaciones seguras y sistemas de alerta de la población eficaces. "Ante un desastre de tal dimensión, nuestro deseo es que este plan de contingencia nunca se tenga que poner en práctica, pero tenemos que estar preparados, porque el riesgo es real. En algunas localidades vecinas ya lo tienen o están trabajando en él, como es el caso de Huelva, Cádiz o Chipiona. No es una cuestión de fomentar alarmismos, se trata solo de prevención y escuchar a la comunidad científica", explican desde Unión Portuense.

Javier Botella destaca además "la repercusión que los mapas de riesgo, tanto del Plan de Emergencia Municipal como del Plan de Contingencia ante el Riesgo de Tsunamis, deberían tener a la hora de redactar un próximo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) ya que  se debería de anteponer la seguridad de los vecinos  a los intereses de los promotores urbanísticos, y la experiencia contrastada en los desarrollos de las últimas décadas han ido en sentido opuesto a la lógica”.